La secretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ha defendido la necesidad de intervenir el mercado de la vivienda para evitar situaciones como el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba décadas residiendo en una vivienda de alquiler en el madrileño barrio del Retiro.
Montero realizó estas declaraciones durante un acto municipalista celebrado en Cabra (Córdoba), donde reclamó la aplicación de la Ley estatal de Vivienda para declarar zonas tensionadas y establecer mecanismos de regulación de los precios del alquiler.
El caso de Maricarmen como ejemplo
La dirigente socialista se refirió al caso de Maricarmen para ilustrar las dificultades que pueden encontrarse las personas mayores que llevan décadas viviendo en una misma vivienda y que se enfrentan a importantes incrementos del alquiler.
Maricarmen, de 87 años y usuaria de silla de ruedas, llevaba alrededor de 70 años viviendo en su casa del distrito madrileño de Retiro. Su situación se convirtió en uno de los casos más visibles del debate sobre los alquileres y los desahucios después de que la propiedad planteara elevar sustancialmente la renta.
Montero cuestionó durante su intervención cómo una persona mayor puede afrontar una subida de estas características y señaló que un incremento de la renta puede obligar a abandonar el entorno en el que se ha desarrollado buena parte de su vida. La secretaria general del PSOE-A vinculó este caso con la necesidad de reforzar los mecanismos públicos de protección de los inquilinos vulnerables.
Zonas tensionadas y regulación del alquiler
Montero reclamó que las administraciones utilicen las herramientas previstas en la Ley de Vivienda estatal para declarar zonas tensionadas y regular los precios del alquiler allí donde se cumplan los requisitos establecidos.
La dirigente socialista puso como ejemplo A Coruña y la gestión de su alcaldesa, Inés Rey, que, según Montero, ha utilizado las herramientas de la Ley de Vivienda y medidas de protección pública frente a situaciones vinculadas a la especulación inmobiliaria.
Montero defendió que cualquier intervención debe realizarse con “seguridad jurídica” y dentro de los límites establecidos por la Constitución en materia de propiedad privada. Durante su intervención situó además el incremento de los precios de la vivienda como uno de los principales problemas sociales y afirmó que desde 2018 el precio de la vivienda ha aumentado un 75%.
La vivienda vuelve al centro del debate político
El caso de Maricarmen se ha producido en paralelo al debate sobre nuevas medidas destinadas a reforzar la protección de los hogares vulnerables frente a los desahucios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el desalojo de la mujer como una “tragedia social” y defendió la necesidad de avanzar en nuevas medidas en materia de vivienda. También señaló que la protección social en este ámbito implica responsabilidades compartidas entre las distintas administraciones. El Ejecutivo central ha defendido igualmente la utilización de las herramientas contempladas en la Ley de Vivienda, entre ellas la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
El caso de Maricarmen vuelve así a situar la vivienda en el centro de la agenda política, especialmente en relación con el precio de los alquileres, la protección de las personas mayores y vulnerables y el papel que deben desempeñar las diferentes administraciones públicas.
