El Área de Ecosocialismo de Movimiento Sumar Andalucía expresa su preocupación por el creciente número de proyectos de investigación y explotación minera en la comunidad y advierte de que las administraciones públicas no disponen de medios suficientes para garantizar un control ambiental eficaz durante todas las fases de estos proyectos.
Andalucía se ha convertido en uno de los principales territorios de interés para la búsqueda de minerales estratégicos para la transición energética, como cobre, litio, cobalto, níquel y tierras raras. El propio Ministerio para la Transición Ecológica identifica a la comunidad como una de las zonas con mayor potencial geológico del país, mientras que el Portal Andaluz de la Minería refleja la existencia de miles de derechos y registros mineros distribuidos por todo el territorio andaluz.
Sin embargo, Movimiento Sumar Andalucía considera que este impulso a la actividad extractiva no ha ido acompañado de un refuerzo equivalente de los recursos públicos destinados a la inspección y vigilancia ambiental.
Los sondeos también generan impactos
La formación recuerda que los sondeos de investigación no son actuaciones inocuas. Aunque cada intervención ocupa una superficie reducida, la acumulación de numerosos sondeos en una misma comarca puede provocar efectos ambientales relevantes, como la apertura de nuevas pistas forestales, la eliminación de vegetación, la fragmentación de hábitats, molestias a la fauna, emisiones de polvo y ruido, generación de residuos de perforación y riesgos para los acuíferos.
Asimismo, diversos estudios científicos advierten de que los impactos acumulativos y sinérgicos de múltiples proyectos pueden afectar de forma significativa a la biodiversidad, los ecosistemas y las cuencas hidrográficas, por lo que consideran imprescindible evaluarlos de forma conjunta y no autorización por autorización.
Falta de transparencia
Movimiento Sumar Andalucía denuncia también que continúa siendo muy difícil para la ciudadanía acceder a información completa sobre el seguimiento ambiental de estos proyectos. Aunque existen herramientas públicas como la REDIAM y el Portal Andaluz de la Minería, resulta complicado conocer el número de inspecciones realizadas, los incumplimientos detectados, las sanciones impuestas, el grado de ejecución de las medidas correctoras o el estado de restauración de las explotaciones.
La organización considera que una verdadera política de transparencia exige publicar periódicamente toda esta información en formatos abiertos y fácilmente accesibles.
La prevención, antes que la reparación
La formación recuerda que Andalucía arrastra importantes pasivos ambientales derivados de antiguas explotaciones mineras y que numerosos estudios científicos han documentado problemas de contaminación por drenajes ácidos, metales pesados y alteración de ecosistemas que persisten décadas después del cierre de algunas minas.
Por ello, considera que la prevención debe situarse en el centro de la política minera.
Las propuestas de Movimiento Sumar Andalucía
Entre las medidas planteadas destacan:
- Suspender temporalmente la autorización de nuevos programas masivos de sondeos hasta evaluar la capacidad real de inspección de la Administración.
- Reforzar las plantillas de inspección minera y ambiental.
- Elaborar evaluaciones ambientales acumulativas en las comarcas con mayor concentración de proyectos.
- Crear un Registro Público de Inspecciones Mineras accesible por internet.
- Publicar los planes de vigilancia ambiental y sus resultados.
- Exigir garantías económicas suficientes para asegurar la restauración de los terrenos afectados.
- Reforzar la participación de ayuntamientos, universidades, organizaciones ecologistas y población local.
- Proteger expresamente los espacios de la Red Natura 2000, los acuíferos estratégicos y los corredores ecológicos.
Según Esperanza Gómez, co-coordinadora general de Movimiento Sumar Andalucía, «Europa necesita materias primas para avanzar hacia una economía descarbonizada, pero la transición ecológica no puede construirse sacrificando los ecosistemas andaluces ni debilitando los controles públicos. La minería del siglo XXI debe estar sometida a la máxima transparencia, al principio de precaución y al interés general, no únicamente a la rentabilidad económica».
Además, anunció que la organización impulsará iniciativas parlamentarias para reforzar el control público de la actividad minera, mejorar la transparencia administrativa y garantizar que ningún proyecto de investigación o explotación pueda desarrollarse sin una evaluación ambiental rigurosa, independiente y con una participación efectiva de la ciudadanía.
