El grupo parlamentario Por Andalucía ha vuelto a registrar este martes en el Parlamento andaluz su Proposición de Ley de Protección contra el Acoso Escolar y el Ciberacoso, una iniciativa que ya había sido presentada durante la anterior legislatura pero que quedó sin debate parlamentario tras la convocatoria de elecciones autonómicas.
La propuesta recupera ahora su tramitación coincidiendo con el comienzo del curso escolar 2026-2027 y pretende elevar al rango de ley un sistema integral de prevención, detección, protección y reparación ante las situaciones de acoso entre menores. La formación sostiene que la respuesta no debe limitarse a los protocolos disciplinarios y reclama que la protección de las víctimas se convierta en un derecho garantizado.
La iniciativa ha sido registrada después de una reunión del diputado de Por Andalucía Ernesto Alba con representantes de colectivos educativos, sindicatos y profesionales vinculados a la comunidad educativa. El texto, según sus promotores, pretende recoger parte de las necesidades trasladadas por estos sectores a partir de su experiencia cotidiana en los centros.
Una respuesta más rápida y eficaz ante las denuncias
Uno de los principales elementos de la proposición es la creación de un canal unificado, seguro y anónimo para que el alumnado pueda comunicar posibles situaciones de acoso escolar o ciberacoso. La iniciativa establece además plazos concretos para evitar que una denuncia quede atrapada durante días en procedimientos internos. El texto plantea que la comunicación sea registrada en un máximo de 24 horas y que exista una primera valoración del caso en las siguientes 48 horas. También contempla que los centros comuniquen los casos de acoso a la Inspección Educativa en un plazo máximo de diez días.
Otro de los elementos planteados es el asesoramiento jurídico gratuito para las víctimas y sus familias, junto con medidas de acompañamiento y reparación. La propuesta pretende, de esta manera, ampliar la respuesta más allá de la sanción al agresor y establecer mecanismos destinados a recuperar el bienestar de la víctima y reconstruir la convivencia en el centro.
El planteamiento incorpora también una dimensión específica para el ciberacoso. La expansión de las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas digitales permite que una situación de acoso trascienda el horario y el espacio físico del colegio o instituto.
Andalucía ya dispone de protocolos, pero acaba de modificarlos
La iniciativa parlamentaria llega en un momento especialmente relevante porque la Junta de Andalucía acaba de introducir cambios en sus procedimientos de actuación ante el acoso y el ciberacoso. La Orden de 31 de agosto de 2026, publicada en el BOJA, modifica el protocolo autonómico y establece que, cuando existan indicios de una posible situación de acoso o ciberacoso, debe comunicarse el inicio del protocolo al Servicio Provincial de Inspección de Educación. Las actuaciones del centro deben quedar registradas en el sistema Séneca.
La Junta ya contaba con protocolos específicos desde hace años. La normativa autonómica contempla procedimientos diferenciados para el acoso escolar, el ciberacoso, el maltrato infantil, la violencia de género en el ámbito educativo y las agresiones contra el profesorado y el personal no docente. La novedad de la reforma autonómica es, por tanto, el refuerzo de la comunicación y supervisión por parte de la Inspección, mientras que Por Andalucía pretende que buena parte de estas garantías tengan rango legal y se integren en un sistema más amplio de protección.
La propia Junta había anunciado ya durante este año su intención de reforzar los protocolos de actuación frente al acoso y mejorar los sistemas de alerta para que las denuncias formuladas por las familias o miembros de la comunidad educativa llegasen desde el primer momento a la Inspección Educativa.
Un debate que también se está produciendo a nivel estatal
La propuesta andaluza coincide además con un movimiento similar en el ámbito estatal. El Ministerio de Educación publicó el pasado mes de agosto una Guía para el diseño de protocolos contra el acoso escolar y el ciberacoso, elaborada en el marco del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.
El documento pretende proporcionar a las comunidades autónomas un marco común y apuesta por reforzar la prevención, la detección temprana, los canales seguros de notificación y el seguimiento de los casos. También introduce cuestiones vinculadas a nuevos riesgos digitales, entre ellos la inteligencia artificial, los contenidos manipulados y otras formas emergentes de violencia digital.
El protocolo marco presentado en abril establece ocho fases de actuación, desde la detección y comunicación hasta el seguimiento y el cierre del caso. Entre sus referencias figura un plazo máximo de 24 horas para determinadas comunicaciones y un plan de intervención en un máximo de diez días, además de un seguimiento posterior de al menos seis meses.
La existencia de esta guía estatal y la reciente modificación de los protocolos andaluces sitúan la propuesta de Por Andalucía dentro de un debate más amplio sobre cómo debe responder el sistema educativo ante una situación de acoso y quién debe asumir la responsabilidad de supervisar esa respuesta.
Del castigo a la protección y la reparación
Uno de los aspectos diferenciales de la iniciativa parlamentaria es precisamente que no plantea el problema exclusivamente desde una perspectiva disciplinaria. Por Andalucía defiende que una respuesta eficaz debe combinar prevención, detección temprana, protección de la víctima, intervención sobre el agresor y reparación del daño. La propuesta contempla planes específicos para las víctimas y medidas destinadas a que quienes hayan ejercido el acoso asuman su responsabilidad y puedan modificar su conducta.
Este enfoque coincide parcialmente con la orientación del nuevo marco estatal, que apuesta por modelos restaurativos y por reconstruir los vínculos dentro de la comunidad educativa, además de sancionar las conductas que correspondan.
La cuestión resulta especialmente relevante en el ciberacoso, donde el daño puede mantenerse fuera del centro educativo y prolongarse mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería. La intervención, por tanto, requiere en muchos casos la participación coordinada de familias, centros educativos, Inspección, servicios sociales y otros organismos.
La proposición de ley ya tuvo recorrido en la anterior legislatura. El Parlamento andaluz registra la iniciativa con el expediente 12-25/PPL-000007, presentado por Por Andalucía el 11 de diciembre de 2025. La convocatoria electoral interrumpió su recorrido antes de que pudiera culminar su tramitación.
Ahora la formación pretende recuperar aquella iniciativa y abrir nuevamente el debate parlamentario. Su tramitación tendrá que determinar si las medidas propuestas son compatibles con los protocolos y competencias actualmente existentes y, sobre todo, si existe una mayoría suficiente para convertirlas en ley.
El contexto es diferente al de hace unos meses. Andalucía acaba de modificar sus protocolos de actuación, el Ministerio ha publicado un marco de referencia estatal y los centros educativos afrontan un escenario en el que el acoso ya no puede entenderse únicamente como un conflicto circunscrito al patio o al aula.
La nueva proposición de Por Andalucía pretende dar un paso adicional: convertir esa protección en una obligación legal homogénea para todo el sistema educativo andaluz.
El Parlamento tendrá ahora que decidir si la iniciativa merece continuar su recorrido. En caso de hacerlo, el debate ya no se limitará a determinar cómo sancionar el acoso, sino a establecer qué garantías debe tener un menor desde el momento en que comunica que está siendo víctima de él y qué responsabilidades deben asumir los centros y las administraciones para garantizar su protección.
