PSOE y la coalición Sumar han alcanzado un acuerdo para reactivar en el Congreso la reforma del Código Penal que plantea la eliminación de varios delitos relacionados con la libertad de expresión, entre ellos las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos del Estado.
La iniciativa, que comenzó su tramitación parlamentaria en 2023 y permanecía bloqueada desde entonces, vuelve ahora a la agenda legislativa tras el pacto alcanzado por los socios del Gobierno. El objetivo de la reforma consiste en adaptar la legislación española a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y atender las recomendaciones formuladas por distintos organismos europeos.
La propuesta contempla la supresión de varios artículos del Código Penal que sancionan las injurias y calumnias dirigidas contra la Corona, las Cortes Generales y otras instituciones del Estado. También prevé eliminar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y las sanciones por ultrajes a España y a sus símbolos.
Los promotores de la reforma sostienen que estos tipos penales han generado controversias durante los últimos años por su aplicación a artistas, humoristas, activistas y ciudadanos que expresaron opiniones críticas o realizaron manifestaciones satíricas. Según defienden PSOE y Sumar, la reforma reforzará las garantías democráticas y ampliará la protección de la libertad de creación y de expresión.
No obstante, el acuerdo introduce una diferencia relevante respecto a propuestas anteriores. El texto no eliminará el delito de enaltecimiento del terrorismo, una cuestión que había formado parte de iniciativas previas impulsadas por algunos grupos parlamentarios. Las amenazas graves y los actos de intimidación contra instituciones públicas también continuarán castigados por la legislación vigente.
La reforma deberá superar todavía varias fases parlamentarias antes de convertirse en ley. Al tratarse de una modificación del Código Penal, su aprobación requerirá mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. El Gobierno confía en recabar el apoyo de sus socios parlamentarios para sacar adelante una medida que considera clave dentro de las iniciativas destinadas a ampliar los derechos y libertades públicas.
El debate promete generar una intensa confrontación política. Mientras los defensores de la reforma consideran que elimina figuras penales obsoletas y fortalece la libertad de expresión, sus detractores advierten de que determinadas instituciones podrían quedar menos protegidas frente a conductas ofensivas o ataques a su imagen pública.
La propuesta abre así un nuevo debate sobre los límites de la libertad de expresión en España y sobre el equilibrio entre la protección de las instituciones y el derecho de los ciudadanos a expresar opiniones críticas en una sociedad democrática.
