El fenómeno cada vez más creciente del absentismo laboral está dando pie a otro fenómeno que también está creciendo en los últimos tiempos, como es el de la contratación de detectives privados para controlar a los funcionarios que se encuentran de baja.
Tal y como informa el diario El Español, la empresa pública de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), que se dedica a gestionar las ITV y que cuenta con unos 2.000 empleados, también habría recurrido a estos servicios con un presupuesto que rondaría los 242.000 euros (IVA incluido) con el fin de investigar las bajas laborales de sus empleados.
Los responsables de Veiasa afirman que esto es necesario ante «el aumento de bajas laborales no justificadas y la sospecha de posibles fraudes». Como es lógico, toda la información que obtenga la empresa de detectives privados tendrá carácter reservado y sólo podrá ponerse a disposición de la empresa contratante o, si se diera el caso, de las autoridades competentes.
Dicho contrato tendría una duración prevista de cuatro años y se dividiría en dos partes. Una primera parte de ella se centraría en las provincias de Córdoba y Sevilla, mientras que la segunda parte se centraría en las provincias de Málaga, Jaén, Granada y Almería. En el caso de la provincia almerienses VEIASA cuenta con talleres de ITV en Níjar, Huércal de Almería, Vícar, Vélez-Rubio, Balanegra, Las Tres Villas, Albox y Vera.
La misión de los detectives
Según el documento al que se hace mención, se hace necesario «disponer de empresas especializadas en seguimiento de personas y análisis de documentación que recopilen cuanta información sea necesaria para determinar si existe fraude en la causa de la ausencia del trabajador afectado».
De esta forma, la entidad pública busca verificar si la justificación presentada es fraudulenta y, en caso de detectar una posible conducta delictiva en el ámbito interno de Veiasa, evaluar si es necesario realizar acciones adicionales ante los organismos y autoridades competentes. Con lo cual, la empresa elegida deberá observar la vida de los trabajadores y su actividad en el puesto de trabajo, recopilar información documental y videográfica, elaborar informes previos y finales. Así como también asistir a sede judicial, administrativa o ante Veiasa para ratificar los resultados conseguidos.
