Si la mayoría del Partido Popular lo permite, Andalucía podría convertirse en la primera comunidad del país en contar con una Ley Integral contra el Acoso Escolar y el Ciberacoso, después de que el grupo parlamentario Por Andalucía registrara este miércoles en el Parlamento autonómico una proposición de ley que aspira a situarse como norma pionera en todo el territorio nacional. La iniciativa, impulsada por la portavoz adjunta de la coalición, Alejandra Durán, busca establecer un marco jurídico claro, homogéneo y de obligado cumplimiento para todos los centros educativos andaluces.
Durán defendió que el texto es “urgente, necesario y no puede esperar más”, subrayando que el acoso escolar no es un episodio puntual, sino “un problema estructural y social que exige una respuesta firme y unitaria”. Recordó que esta violencia, muchas veces silenciosa, se despliega en recreos, pasillos o chats escolares y afecta gravemente a la salud mental y emocional de los menores.
Una realidad que también preocupa mucho en Almería
Aunque la ley tiene alcance autonómico, la problemática está muy presente en Almería y su provincia, donde la Consejería de Educación tramitó en el último curso más de 180 expedientes relacionados con situaciones de acoso y conflictos graves en centros educativos, según datos trasladados por diferentes asociaciones y sindicatos educativos.
Además, varios equipos de orientación de la provincia alertan de un incremento sostenido del ciberacoso entre estudiantes de 10 a 14 años, especialmente en municipios con alta penetración del uso temprano del móvil. Estos datos han llevado a colectivos locales y a AMPAs de la provincia a reclamar mayores recursos y protocolos más ágiles de intervención.
Para Durán, este contexto demuestra que “cada caso es un fracaso colectivo” y que ninguna administración puede desentenderse de una realidad que “limita el desarrollo personal y académico” de niños y adolescentes.
Una ley con medidas obligatorias para todos los centros educativos
La propuesta incorpora un paquete de medidas de cumplimiento imperativo para todos los centros —públicos, concertados y privados—. Una de las principales novedades es la obligación de comunicar a la Inspección Educativa cualquier indicio, sospecha o denuncia de acoso o ciberacoso en un plazo máximo de 48 horas, evitando así la habitual dilación en la detección e intervención temprana.
Otra medida clave es la garantía de asistencia jurídica gratuita para las víctimas, asegurando que las familias dispongan de apoyo legal sin coste, al mismo nivel que otras formas de violencia reconocidas institucionalmente.
La iniciativa pone el foco en la “reparación y el cuidado”, contemplando el acompañamiento psicológico, psicoeducativo y socioemocional como un derecho garantizado, no condicionado a los recursos del centro. El objetivo es asegurar que cualquier menor afectado reciba apoyo integral, y que las familias participen activamente en todo el proceso.
Durán explicó que el articulado es fruto de meses de trabajo con familias afectadas, docentes y entidades sociales, con la intención de transformar la cultura educativa andaluza: también en Almería, donde AMPAs y orientadores han criticado en varias ocasiones la falta de personal especializado para atender situaciones de conflicto y acoso sostenido.
Una Andalucía que proteja a la infancia y a la adolescencia
Según “Por Andalucía”, la ley aspira a sustituir la improvisación por prevención sistemática, el silencio por protección efectiva y la impunidad por responsabilidad educativa y social. Según la portavoz, el nuevo marco normativo quiere garantizar no solo la defensa de la víctima, sino también la reeducación del agresor, promoviendo entornos escolares seguros donde la diversidad sea un valor y no un motivo de sufrimiento.
La proposición de ley inicia ahora su tramitación parlamentaria y, de aprobarse, situaría a Andalucía —y por extensión a municipios de la provincia de Almería— como referente estatal en la lucha contra el acoso escolar y el ciberacoso.
