El Consejo de ministros da luz verde al incremento del 3,1% para 2026, hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas (17.094 euros al año), lo que supone 37 euros más al mes y 518 euros para el conjunto del año. La subida beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, cerca del 11% de todos los ocupados en España.
Como ocurrió el año pasado, el salario mínimo vuelve a estar exento del pago de IRPF, mediante una deducción que el Ministerio de Hacienda ha confirmado que se incrementa esta año en 591 euros para cubrir la subida anual. Las retenciones que se efectúen serán desgravadas en la declaración de la Renta del próximo año (por el ejercicio 2026). La subida del salario mínimo, además, se aprueba con carácter retroactivo a 1 de enero de este año, por lo que las empresas deberán compensar en la nómina de febrero el incremento mensual correspondiente más el devengo por el mes de enero.
Con esta subida, la octava desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno, la mínima retribución se ha incrementado en un 66%. Afectará, como se ha mencionado a 2,5 millones de trabajadores, la mayoría de ellos mujeres y jóvenes. Y se concentra en los sectores de la hostelería, el comercio, la agricultura y el empleo del hogar.
La subida nace del acuerdo bilateral entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, y tras el rechazo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que critican que este incremento supera sobradamente la inflación media del pasado año (2,7%) y acarrea un coste para las empresas de casi 2.000 millones de euros.
Para alcanzar este acuerdo con los sindicatos, el acuerdo de subida del salario mínimo irá acompañado de un decreto paralelo, que se aprobará próximamente, en el que se limitará la posibilidad de la absorción y compensación de la subida de la subida con los pluses y complementos. Esto es, las empresas no podrán arañar euros a la subida en caso de que el trabajador cuente con pluses, incluyéndolos como parte de la subida. Esta maniobra se hará a través de desarrollo reglamentario, por lo que no tendrá que superar el trámite parlamentario.
