El número de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales en España descendió un 10,7 % en mayo respecto al mismo mes del año anterior, situándose en 341.001 inmuebles, lo que supone la desaparición de 40.836 viviendas del mercado turístico y representa la segunda mayor caída interanual desde que existen registros del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Pese a este importante descenso anual, la evolución semestral refleja una tendencia distinta. En comparación con noviembre de 2025, el parque de viviendas turísticas aumentó un 3,4 %, con 11.237 alojamientos más, lo que evidencia un ligero repunte previo al inicio de la temporada estival.
Las viviendas turísticas contabilizadas en mayo ofrecían un total de 1.714.702 plazas de alojamiento, con una media de cinco plazas por vivienda. Aunque el volumen continúa siendo elevado, el retroceso afecta prácticamente a todos los grandes destinos turísticos del país.
Andalucía continúa liderando el ranking nacional con 90.649 viviendas turísticas, seguida de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares. Sin embargo, todas estas comunidades registraron descensos respecto al año anterior, siendo especialmente acusado el de la Comunidad Valenciana, que perdió cerca de 12.000 viviendas turísticas.
Por provincias, Málaga mantiene la primera posición con 45.176 viviendas turísticas, por delante de Alicante, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Baleares y Girona. En el ámbito municipal destacan Madrid, Málaga, Barcelona, Marbella, Sevilla, Valencia, Mijas, La Oliva y Arona como los municipios con mayor concentración de este tipo de alojamientos.
Las únicas provincias que incrementaron el número de viviendas turísticas respecto a mayo de 2025 fueron Badajoz, Cáceres, Jaén, Cuenca y La Rioja, rompiendo la tendencia generalizada de descenso observada en el conjunto del país.
El Ministerio de Vivienda atribuye esta reducción a las medidas adoptadas para regular el mercado de los alquileres turísticos, entre ellas la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital y la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, que facilita a las comunidades de propietarios limitar o vetar este tipo de usos en los edificios residenciales.
No obstante, el escenario jurídico ha cambiado recientemente tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el procedimiento estatal de registro único para los alquileres de corta duración, al considerar que invadía competencias autonómicas. A pesar de ello, el Gobierno mantiene su intención de seguir impulsando medidas para favorecer que una mayor parte del parque residencial se destine al alquiler de larga duración y contribuya a aliviar la presión sobre el acceso a la vivienda.
