La Junta renueva por otro año la gestión del CIMI de Tierras de Oria (Almería)

Centro de internamiento de menores
Gentes y lugares
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha prorrogado un año los contratos de los  Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) Tierras de Oria, en Almería,  y La Marchenilla de Algeciras, en Cadiz, cuyos vencimientos expiran el 31 de diciembre de 2025. Ambos centros están dirigidos por la Asociación para la Gestión de la Integración Social (Ginso). Así, se ha autorizado a la Consejería de Justicia los expedientes de gasto para ejecutar dichas prórrogas por un importe de 9.041.181,85 euros en el caso del centro almeriense y de 8.532.640,69 euros en el del CIMI de Algeciras (IVA excluido en ambos).

En el caso del CIMI Tierras de Oria, cuenta con 116 plazas masculinas (38 de ellas para internamiento terapéutico) y dispone de un programa de formación e inserción laboral, en colaboración con la entidad Inserta, además de talleres propios de mecánica, dibujo, cerámica, encuadernación, jardinería, mantenimiento o pintura de edificios.

Por su parte, La Marchenilla dispone de 104 plazas masculinas (38 de internamiento terapéutico) e igualmente cuenta con talleres y cursos de cualificación laboral, así como un programa de Intervención Psicosocial que incluye la prevención de la reincidencia, el abordaje de la salud mental y módulos educativos de convivencia responsable, así como uno específico para los menores que cumplen internamiento terapéutico.

Por otro lado también se ha autorizado en su reunión de este martes 28 de octubre la partida para sacar a concurso la gestión del CIMI Genil (Granada) por 28.413.100,74 euros. Es un centro con capacidad para 46 plazas durante 48 meses, entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2030, con posibilidad de una prórroga de doce meses.

Con estas autorizaciones se podrá sacar a concurso el centro granadino y prorrogar los contratos de los otros dos recursos, garantizando la ejecución de las medidas privativas de libertad que imponen los jueces de Menores y la labor de reeducación de estos jóvenes, objetivo principal de la Ley de Responsabilidad del Menor, que en 2025 cumple 25 años.



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