Vivienda notifica a las plataformas que en Andalucía más de 21.000 pisos turísticos y de temporada son ilegales

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El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas online la existencia en toda España de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que retiren sus anuncios. Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos.

España ha sido el primer país de la UE en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración. Desde el pasado mes de julio, es obligatorio dicho código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Una vez este Ministerio notifica, las distintas plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

De las 412.253 solicitudes de registro, de las cuales 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico; es decir, de temporada.

La gran anomalía en ese ámbito es la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada. Concretamente, 21.978 de las 26.355 solicitudes recibidas son de alojamientos de temporada y 4.377 de alojamientos turísticos.

Municipios y CCAA con más solicitudes revocadas

Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344. Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), València (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942). Es especialmente llamativo el caso de la provincia malagueña, que incluye hasta siete municipios entre los 20 con mayor número de peticiones denegadas, como se expone en este cuadro:

MUNICIPIOS CON MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES REVOCADAS
CCAA PROVINCIA MUNICIPIO TOTAL
MADRID MADRID MADRID 5.344
CATALUÑA BARCELONA BARCELONA 5.005
ANDALUCÍA MÁLAGA MARBELLA 2.993
ANDALUCÍA SEVILLA SEVILLA 2.659
COMUNITAT VALENCIANA VALENCIA VALÈNCIA 1.874
ANDALUCÍA MÁLAGA MÁLAGA 1.845
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE TORREVIEJA 1.240
CANARIAS LAS PALMAS SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 1.056
ANDALUCÍA MÁLAGA BENALMÁDENA 1.035
CANARIAS TENERIFE ADEJE 1.019
CANARIAS TENERIFE ARONA 942
CANARIAS LAS PALMAS OLIVA (LA) 942
CANARIAS LAS PALMAS LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 811
COMUNITAT VALENCIANA ALICANTE CALPE/CALP 725
ANDALUCÍA MÁLAGA FUENGIROLA 719
ANDALUCÍA MÁLAGA MIJAS 664
ANDALUCÍA MÁLAGA TORREMOLINOS 617
CATALUÑA TARRAGONA SALOU 543
ANDALUCÍA MÁLAGA ESTEPONA 505
TOTAL 30.538

En el ámbito autonómico, y en línea con los datos anteriormente expuestos, Andalucía es, con mucha diferencia, la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (21.872). A continuación, Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726) se sitúan asimismo en la parte alta de la tabla en números registros denegados.

El siguiente cuadro muestra las comunidades con mayor número de solicitudes rechazadas:

SOLICITUDES DE REGISTRO OBLIGATORIO REVOCADAS POR CCAA
CCAA SOLICITUDES
ANDALUCÍA 21.872
COMUNITAT VALENCIANA 14.387
CANARIAS 13.726
CATALUÑA 13.350
MADRID 5.893
GALICIA 3.829
BALEARES 3.062
MURCIA 2.148
ASTURIAS 1.560
CASTILLA Y LEÓN 1.357
CASTILLA-MANCHA 1.311
CANTABRIA 1.207
ARAGÓN 918
PAÍS VASCO 711
NAVARRA 356
LA RIOJA 302
EXTREMADURA 270
CEUTA Y MELILLA 16
TOTAL 86.275

Estabilidad del mercado residencial

Gracias al impulso del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el registro obligatorio de alojamientos de corta duración ya está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial.

De este modo, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca preservar la función social de la vivienda y combatir la ilegalidad con la que opera actualmente un gran número de alojamientos con estas características, provocando una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad en los mismos.



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