Varios tiroteos y operaciones contra redes de narcotráfico y tráfico ilegal de armas sitúan a la provincia en el mapa de la preocupación por la proliferación de armas de fuego en Andalucía. Un último tiroteo registrado recientemente en Marbella, que ha vuelto a poner el foco sobre la utilización de armas de fuego en determinados episodios violentos en Andalucía, tiene también su reflejo en la provincia de Almería, donde en los últimos meses se han sucedido diferentes actuaciones policiales relacionadas con tiroteos, narcotráfico, tenencia ilícita y tráfico ilegal de armas.
El caso de Málaga ha adquirido especial repercusión después de que la Policía Nacional interviniera en julio un auténtico arsenal destinado presuntamente al crimen organizado: 36 fusiles de asalto, granadas de mano y 180 cartuchos de munición de guerra, además de detener a cuatro personas.
Aunque la situación de cada provincia presenta sus propias características, Almería acumula en 2026 varios episodios que evidencian que la disponibilidad de armas de fuego constituye también un problema de seguridad en el territorio almeriense, especialmente cuando aparece vinculada a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Tiroteos vinculados al narcotráfico
Uno de los ejemplos más significativos se conoció el pasado mes de abril, cuando la Guardia Civil informó de la desarticulación de una organización de narcotraficantes implicada en un tiroteo ocurrido en Huércal de Almería el 4 de febrero.
La denominada Operación Palmeras se saldó con seis detenidos y una persona investigada, además de la búsqueda de un octavo implicado. Durante la operación fueron intervenidos tres revólveres, un rifle y dos escopetas, junto a 530 kilos de hachís, 1.400 plantas de marihuana, 2.500 litros de combustible, dos embarcaciones y otras cantidades de droga.
La investigación permitió establecer la conexión entre el tiroteo y una organización dedicada al narcotráfico que operaba en distintos puntos del Poniente almeriense. La Guardia Civil también localizó un chaleco balístico, lo que da una idea del nivel de preparación y protección utilizado por los integrantes de la red.
El episodio no constituye un hecho aislado. En marzo, la Guardia Civil anunció la detención de tres personas por un intento de homicidio con arma de fuego en Pechina, ocurrido en septiembre de 2024 y relacionado, según la investigación, con un ajuste de cuentas vinculado al tráfico de drogas. Los autores habrían disparado contra la vivienda de la víctima desde una motocicleta sustraída, causando heridas graves.
El mercado ilegal de armas también afecta a Almería
A los tiroteos se suma otro elemento especialmente relevante: la existencia de redes dedicadas directamente a la fabricación, transformación y distribución clandestina de armas de fuego.
En febrero, la Guardia Civil detuvo en Almería a dos personas acusadas de fabricar armas y munición en un taller clandestino situado en una finca de Portaloa. Los investigadores descubrieron que transformaban pistolas de alarma y señales para convertirlas en armas capaces de realizar fuego real.
La operación permitió intervenir 19 armas. Según la investigación, los responsables utilizaban identidades falsas y una plataforma en internet para comercializar posteriormente las armas y enviarlas a distintos países europeos.
El caso resulta especialmente significativo porque muestra que el problema no se limita a la utilización puntual de armas en enfrentamientos o ajustes de cuentas. También existe una dimensión relacionada con el acceso clandestino a armamento, su modificación y su distribución a través de redes criminales.
Los datos de criminalidad reflejan un aumento de los intentos de homicidio
Las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior permiten además poner algunos de estos episodios en contexto. En la provincia de Almería, durante el primer trimestre de 2026 se registraron cuatro homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, frente a los dos contabilizados durante el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 100%.
En la capital almeriense, el balance de 2025 también reflejó un incremento particularmente llamativo de los homicidios y asesinatos en grado de tentativa: ocho casos frente a tres en 2024, un 166,7% más.
Estos datos, por sí solos, no permiten atribuir todos los homicidios o intentos de homicidio al uso de armas de fuego, ya que las estadísticas oficiales no establecen en esas categorías una diferenciación por tipo de arma. Sin embargo, sí permiten constatar un incremento de determinados delitos violentos que coincide con la sucesión de investigaciones policiales en las que las armas de fuego aparecen como elemento central.
¿Puede convertirse Almería en la próxima Málaga?
El debate abierto a raíz de los últimos sucesos de Málaga no debería contemplarse, por tanto, exclusivamente desde la realidad de la Costa del Sol. La proliferación de armas asociadas al crimen organizado, especialmente al narcotráfico, es una preocupación que afecta a distintos puntos del litoral andaluz.
Almería presenta además unas características geográficas y estratégicas que la convierten desde hace años en uno de los territorios utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Las investigaciones desarrolladas durante 2026 muestran cómo algunas de estas estructuras disponen de embarcaciones, vehículos, combustible, armas de fuego e incluso medios de protección balística.
La cuestión, por tanto, no se limita al número de tiroteos que puedan producirse. El verdadero desafío para las fuerzas de seguridad está también en impedir que las organizaciones criminales tengan acceso a armamento, detectar los circuitos de distribución ilegal y evitar que los conflictos derivados del narcotráfico terminen trasladándose a espacios públicos o poniendo en riesgo a personas ajenas a estas actividades.
Mientras Andalucía asiste a nuevos episodios violentos en los que las armas de fuego adquieren protagonismo, Almería ofrece ya suficientes ejemplos recientes como para considerar que la lucha contra el tráfico ilegal de armas y su utilización por el crimen organizado debe formar parte de las prioridades de seguridad de la provincia.
