La Abogacía del Estado ha defendido ante la Audiencia Nacional que la situación actual en la pedanía de Palomares, perteneciente al municipio de Cuevas del Almanzora, no supone un riesgo radiológico para la población ni para el medio ambiente, según los estudios científicos realizados durante décadas tras el accidente nuclear ocurrido en 1966. La posición del Gobierno se ha expuesto en el marco de un procedimiento judicial promovido por la organización Ecologistas en Acción, que reclama la retirada de tierras contaminadas con plutonio y americio que aún permanecen en parte del territorio afectado por aquel suceso.
En sus alegaciones ante el tribunal, la Abogacía del Estado sostiene que los estudios realizados desde el accidente del 17 de enero de 1966, cuando colisionaron en pleno vuelo un bombardero estadounidense B-52 y un avión cisterna durante una maniobra de repostaje, no han detectado efectos adversos sobre la salud de la población local.
Los datos presentados indican que durante las últimas décadas se han llevado a cabo miles de controles médicos a residentes de la zona, sin que se haya identificado ninguna enfermedad específica vinculada a la radiación. Además, los niveles de radiación registrados actualmente se sitúan muy por debajo de los límites establecidos para la población general.
El seguimiento radiológico del entorno se mantiene mediante programas de vigilancia científica desarrollados por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y supervisados por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Una “exposición existente”, no una emergencia nuclear
Uno de los argumentos centrales planteados por el Estado es que la situación de Palomares no puede considerarse un accidente nuclear activo ni una emergencia radiológica, sino una situación derivada de un suceso histórico cuyos efectos han sido controlados con medidas de seguimiento ambiental y sanitario.
Desde esta perspectiva jurídica, el Gobierno entiende que no procede aplicar la normativa diseñada para accidentes en centrales nucleares o instalaciones radiactivas, por lo que no existiría base legal para obligar a una actuación inmediata de retirada de suelos en los términos solicitados por los demandantes.
En base a estas consideraciones, la Abogacía del Estado ha solicitado a la Audiencia Nacional la inadmisión o desestimación del recurso presentado, al considerar que las reclamaciones no se ajustan ni a la realidad científica ni al marco normativo vigente.
La defensa sostiene que, más de seis décadas después del accidente, la situación radiológica en Palomares se encuentra bajo control gracias a los sistemas de vigilancia ambiental y sanitaria que se mantienen activos en la zona.
Un debate que sigue abierto
A pesar de la posición del Estado, el futuro de Palomares continúa generando debate entre administraciones, científicos y organizaciones sociales. Diversos colectivos ecologistas y asociaciones ciudadanas siguen reclamando una limpieza completa de los terrenos contaminados y una solución definitiva para los residuos radiactivos existentes en la zona.
El caso de Palomares sigue siendo uno de los episodios más singulares de la historia nuclear en España y, más de sesenta años después del accidente, continúa siendo objeto de discusión sobre cómo gestionar de forma definitiva la contaminación residual en el área.
