El largo recorrido judicial que afectaba al alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha llegado a su desenlace definitivo. El Tribunal Supremo ha confirmado su absolución y ha cerrado de manera firme el procedimiento en el que se investigaba su actuación por un presunto delito de prevaricación administrativa, poniendo fin a un proceso que se ha prolongado durante más de una década.
La resolución del Supremo rechaza el recurso presentado por el Ayuntamiento de Carboneras contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ya había anulado la condena impuesta inicialmente por la Audiencia Provincial de Almería, consistente en trece años de inhabilitación. Además de ratificar la absolución, el alto tribunal condena al consistorio al abono de las costas correspondientes a este último trámite judicial.
En su argumentación, el Supremo deja claro que el recurso de casación no puede utilizarse para revisar pruebas ni alterar los hechos que ya han sido fijados por tribunales inferiores. Especialmente, subraya que buena parte de la decisión absolutoria del TSJA se apoyó en valoraciones de declaraciones personales y testificales, elementos que no pueden ser reexaminados sin una nueva vista oral, algo incompatible con este tipo de recurso extraordinario.
De este modo, queda avalada la tesis de que las contrataciones menores realizadas durante el mandato de Hernández entre los años 2011 y 2017 no alcanzaron el umbral de ilegalidad exigido para sustentar una condena penal. Los magistrados concluyen que no se probó una actuación consciente y deliberada dirigida a eludir la normativa de contratación pública, ni que las decisiones adoptadas fueran manifiestamente arbitrarias.
La sentencia que ahora adquiere firmeza ya destacaba la ausencia de intencionalidad dolosa por parte del alcalde. Aunque el uso reiterado de contratos menores pudiera generar debate desde una óptica estrictamente administrativa, los tribunales han considerado que ello no implica, por sí mismo, una vulneración penal de la ley. Resultó especialmente relevante la falta de advertencias formales por parte de la secretaría municipal, así como la inexistencia de objeciones por parte de otros miembros de la corporación durante esos años.
Asimismo, se ha tenido en cuenta que muchas de las adjudicaciones fueron respaldadas por la Junta de Gobierno Local y que no se acreditaron relaciones personales entre el alcalde y las empresas contratadas, algunas de las cuales ya prestaban servicios al municipio con anterioridad a su llegada a la alcaldía.
El fallo definitivo también desmonta los argumentos utilizados en su día para justificar la condena inicial, al considerar que carecían de base probatoria las interpretaciones que atribuían la actuación del regidor a motivaciones personales o a un supuesto afán de poder. Por el contrario, la actuación conjunta de responsables políticos y técnicos municipales fue considerada incompatible con la existencia de una ilegalidad evidente.
Con esta resolución, queda definitivamente sin efecto la inhabilitación que pesó sobre Salvador Hernández, quien volvió a asumir la alcaldía de Carboneras en marzo de 2024 tras prosperar una moción de censura. El caso, trece años después de iniciarse, queda así archivado de forma definitiva.
