El Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la pieza principal del conocido como caso Hispano Almería, la que investigaba presuntas irregularidades en la contratación de obra pública vinculadas al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. La decisión pone fin a una investigación judicial iniciada en 2014 y centrada en posibles delitos de financiación irregular, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y malversación.
En un auto fechado el 15 de enero, la magistrada Ana Belén Vico fundamenta el archivo en los últimos informes policiales incorporados a la causa, que no aprecian irregularidades de entidad suficiente en las adjudicaciones de obras realizadas entre los años 2000 y 2010 a la mercantil investigada.
La resolución coincide con la posición final de la Fiscalía, que solicitó el archivo tras revisar el conjunto de diligencias practicadas. La jueza subraya el “cambio sustancial” en el criterio del Ministerio Público, que en su último informe concluye que no se han detectado hechos con relevancia penal, criterio que la instructora asume íntegramente.
Doce años de diligencias judiciales
La investigación se abrió a raíz de la aparición de recibís, facturas y anotaciones manuscritas halladas en un contenedor, en las que se apuntaban supuestos pagos a técnicos municipales a cambio de adjudicaciones. Estos documentos motivaron los primeros informes policiales, que señalaron posibles irregularidades administrativas en decenas de expedientes, si bien también advertían de la falta de documentación, posteriormente aportada por el consistorio.
Con el avance de la instrucción, nuevos informes de la UDEF y la práctica de numerosas declaraciones —incluidas las de técnicos y funcionarios municipales— fueron debilitando los indicios iniciales. En particular, la jueza destaca que los recibís aportados carecían de firma y que no se ha podido acreditar de forma concluyente la efectiva entrega de las cantidades reflejadas.
Sin indicios penales suficientes
El auto judicial señala que, aunque algunos investigados percibieron ingresos procedentes de la mercantil, estos aparecen vinculados a prestaciones profesionales o actividades autorizadas, sin que se haya demostrado su conexión con contratos amañados o comisiones ilegales. Tampoco se han acreditado mecanismos de ocultación de beneficios ni delitos contra la Hacienda Pública.
La magistrada concluye que las posibles deficiencias administrativas detectadas no alcanzan la gravedad necesaria para ser consideradas indicios de actividad delictiva. En consecuencia, no procede continuar el procedimiento penal.
Durante la instrucción se llegó a solicitar la imputación del exalcalde de Roquetas de Mar y ex presidente de la Diputación Provincial y del PP almeriense, Gabriel Amat, extremo que finalmente no prosperó.
Con este archivo, se cierra la pieza central de un procedimiento que se prolongó durante más de una década y que marcó durante años el debate político y judicial en la provincia de Almería.
