La entrada de Vox en el Gobierno andaluz tras el acuerdo alcanzado con el Partido Popular no solo supone un cambio en el equilibrio político de la Junta, sino que puede tener un impacto especialmente significativo en la provincia de Almería. El documento de 150 medidas firmado por ambas formaciones afecta de forma directa a algunos de los principales sectores económicos y sociales almerienses, como la agricultura intensiva, la inmigración, el turismo, la vivienda, el medio ambiente y la administración local.
La provincia reúne algunas de las realidades sobre las que pivota el acuerdo: es la principal potencia hortofrutícola de España, concentra una elevada población trabajadora de origen extranjero, alberga espacios naturales protegidos de gran valor, como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y mantiene una fuerte dependencia del turismo y de la economía exportadora.
Inmigración: el principal foco de las medidas
Uno de los capítulos del acuerdo con mayor repercusión para Almería es el dedicado a la inmigración. La provincia cuenta con decenas de miles de trabajadores extranjeros vinculados al sector agrícola y registra de forma periódica llegadas de embarcaciones a su litoral.
El pacto contempla la implantación del principio de «prioridad nacional» para determinadas ayudas públicas, el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, auditorías sobre el gasto sanitario destinado a personas extranjeras, el impulso de planes de retorno para inmigrantes en situación irregular y la retirada de subvenciones a organizaciones que, según el texto, favorezcan la inmigración irregular.
Diversas entidades sociales han advertido en los últimos años de que Almería presenta una elevada vulnerabilidad en materia de exclusión residencial y asentamientos de trabajadores temporeros, por lo que cualquier modificación en las políticas de integración podría tener un efecto especialmente visible en la provincia.
Agricultura: respaldo al modelo productivo, pero con una gran incertidumbre ambiental
El sector agrícola almeriense también ocupa un lugar destacado en el acuerdo.
PP y Vox se comprometen a revisar las normas derivadas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030 que, a su juicio, generan cargas para agricultores y ganaderos. El documento plantea simplificar trámites administrativos, reforzar las infraestructuras hidráulicas, apoyar la modernización de regadíos y rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que perjudica la competitividad de las producciones andaluzas.
Estas medidas han sido bien recibidas por parte del sector agrario, aunque organizaciones ecologistas advierten de que una reducción de los controles ambientales podría aumentar la presión sobre acuíferos, espacios protegidos y ecosistemas especialmente sensibles de la provincia.
Cabo de Gata y el futuro de las políticas ambientales en grave riesgo
Las referencias del acuerdo al rechazo del Pacto Verde Europeo y a la revisión de determinadas políticas medioambientales también generan interrogantes sobre la gestión futura de espacios como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Aunque el documento no plantea actuaciones concretas sobre este espacio protegido, sí apuesta por reducir lo que considera cargas regulatorias y revisar normativa ambiental que afecte a actividades económicas.
Colectivos ecologistas han manifestado en anteriores ocasiones su preocupación por que una flexibilización normativa pueda favorecer proyectos urbanísticos o turísticos en zonas especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental.
Turismo: una competencia clave para una provincia estratégica
Otro aspecto relevante para Almería es que Vox asumirá la nueva Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.
La provincia considera el turismo uno de sus principales motores económicos, con destinos consolidados como Cabo de Gata, Mojácar, Roquetas de Mar o el Levante almeriense. La gestión de las políticas turísticas, la promoción exterior y la regulación del sector dependerán ahora de un departamento dirigido por la formación de Santiago Abascal en Andalucía.
El acuerdo también incorpora medidas para construir 20.000 viviendas protegidas en Andalucía, endurecer la respuesta frente a la ocupación ilegal y aplicar criterios de arraigo en el acceso a determinadas viviendas públicas. En municipios almerienses donde la presión del mercado inmobiliario ha aumentado por el crecimiento del turismo y de las viviendas de uso turístico, como Mojácar, Carboneras, Níjar o la capital, estas medidas podrían influir en las futuras políticas autonómicas de vivienda.
Una legislatura con especial impacto en la provincia
Aunque el acuerdo tiene alcance autonómico, pocas provincias concentran tantos ámbitos afectados por las nuevas políticas como Almería. Agricultura intensiva, gestión del agua, inmigración, turismo, espacios naturales protegidos y vivienda forman parte de la realidad cotidiana de la provincia y, al mismo tiempo, ocupan un lugar central en el programa de gobierno suscrito por PP y Vox.
La aplicación práctica de estas medidas dependerá ahora de su desarrollo normativo y presupuestario. Será entonces cuando pueda evaluarse hasta qué punto el nuevo Ejecutivo andaluz modifica las políticas que afectan a una de las provincias con mayor peso económico y estratégico de la comunidad autónoma.
