El municipio de Vélez Rubio ha estado arrojando aguas residuales urbanas e industriales al cauce del río desde el año 2007. Como consecuencia, uno de los pocos ríos vivos de la cuenca del Segura se ha convertido en una verdadera “sopa tóxica”. El agua, de color rosa chicle, serpentea entre residuos como compresas, preservativos, toallitas y grandes cantidades de papel higiénico, evidenciando un escenario desolador y preocupante. El río, también llamado río Corneros en parte de su trayecto, cruza poco después a la Región de Murcia y atraviesa varias pedanías hasta unirse al río Luchena en el pantano de Puentes, donde nace el Guadalentín, afluente principal del Segura.
La falta de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) desde 2012, tras perderse la existente en la riada de San Wenceslao, ha llevado a que tanto las aguas negras de los 8,000 habitantes como las industriales vayan directamente al cauce sin tratar. Esto ha puesto al límite los ecosistemas acuáticos y terrestres dependientes del río. El continuo vertido ha provocado acumulación de contaminantes, reduciendo los niveles de oxígeno y favoreciendo la proliferación bacteriana, lo que resulta en mortalidad de fauna y degradación del hábitat.
Análisis realizados a petición de colectivos vecinales y ambientalistas han detectado niveles extremadamente elevados de Escherichia coli, una bacteria indicadora de contaminación fecal reciente. Las muestras han llegado a registrar hasta 108.000 unidades formadoras de colonias por cada 100 mililitros, cifra que en un contexto médico equivaldría a una infección grave. Pese a la normativa sanitaria que prohíbe la presencia de E. coli en aguas para consumo, riego o ganadería, estas aguas siguen utilizándose para esos fines, representando un grave riesgo sanitario y ecológico.
El impacto de la contaminación se multiplica aguas abajo, afectando embalses y tramos inferiores del río, y la situación se agrava en episodios de lluvias torrenciales que remueven sedimentos y liberan contaminantes almacenados.
La Justicia no encontró responsables
En 2018, la Fiscalía denunció los vertidos ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, involucrando al ayuntamiento de Lorca y al Ministerio de Transición Ecológica en la acusación. Seis años después, la sentencia reconoció los daños pero absolvió al alcalde de Vélez Rubio y al concejal delegado de medio ambiente (ambos del Partido Popular), al considerar que no hubo imprudencia ni omisión deliberada, a pesar de que ambos eran conscientes del problema.
El ayuntamiento, que no tenía autorización para verter aguas residuales desde 2007, tampoco destinó el canon recaudado para la construcción de la nueva depuradora, ni transfirió los fondos a la Junta de Andalucía. Aunque en 2020 se contrató la redacción del proyecto para la nueva EDAR, a la fecha las obras no han comenzado y ni siquiera está definida la ubicación.
La Directiva Marco del Agua y el resto del ordenamiento jurídico obligan a evitar vertidos que pongan en riesgo el buen estado de las masas de agua. La Confederación Hidrográfica del Segura ha abierto expedientes y multado al ayuntamiento, aunque el pago de las multas recae en el erario público. No se ha valorado el daño ambiental acumulado.
Las plataformas vecinales y organizaciones como ‘Salvemos el río Vélez’ y Ecologistas en Acción muestran su consternación ante una sentencia que no señala responsables y ante la falta de soluciones efectivas. Aunque se ha observado una disminución de la turbiedad y de la contaminación química en los últimos años, persiste la contaminación biológica, evidenciada por la constante proliferación de algas.
La pregunta terrorífica ahora es la siguiente: si la depuradora no se ha construido y el río está un poco más limpio, ¿dónde se está echando ahora esa sopa tóxica?
