La movilización reunió en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos a asociaciones, gestoras de colonias, voluntarios y ciudadanos, en la que sin duda fue la mayor protesta animalista celebrada en la provincia. Cerca de 300 personas se manifestaron luciendo camisetas, pancartas y carteles con un mismo mensaje y una contundente reivindicación ciudadana: «Ayuntamientos: cumplid la ley».
La protesta almeriense formó parte de una movilización estatal desarrollada simultáneamente en 38 ciudades y localidades españolas, con manifestaciones y concentraciones convocadas para reclamar la aplicación efectiva de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales en lo relativo a las colonias felinas. La convocatoria fue impulsada por gestoras de colonias, personas cuidadoras, entidades animalistas y ciudadanos vinculados a la protección de los gatos comunitarios.
Desde el principio, la movilización fue presentada por sus impulsores como una iniciativa independiente y apartidista, alejada de siglas políticas. El objetivo, según los convocantes, no es reclamar una nueva normativa, sino algo mucho más básico: que se aplique la ley que ya existe. De hecho, la presencia política fue muy escasa: sólo los dirigentes de Movimiento Sumar, Los Verdes-Equo y PACMA estuvieron presentes. Ni VOX, ni PP, ni PSOE, ni IU se dejaron ver en la movilización. Todavía hay quién no percibe que la defensa de los derechos de los animales supone una posición ciudadana cada día más mayoritaria.
Tres años de una ley que, denuncian, sigue sin cumplirse
La reivindicación tiene como referencia principal la Ley 7/2023, que dedica todo un capítulo a las colonias felinas y establece responsabilidades concretas para las administraciones locales. El artículo 39 atribuye a las entidades locales la gestión de los gatos comunitarios y obliga a desarrollar programas de gestión de colonias. Entre sus responsabilidades figuran el censo y mapeo de los animales, los programas de esterilización mediante profesionales veterinarios, la identificación, la atención sanitaria, los programas de control poblacional y los protocolos para resolver conflictos vecinales.
La norma también establece que los ayuntamientos deben asumir la atención sanitaria de los gatos comunitarios que lo necesiten y contar para ello con servicios veterinarios. Al mismo tiempo, permite que las administraciones colaboren con entidades de protección animal y con las personas cuidadoras. Ahí se encuentra precisamente una de las principales denuncias de la movilización: colaborar con los voluntarios no significa trasladarles las obligaciones municipales.
Los colectivos sostienen que, en numerosos municipios, son todavía particulares quienes se hacen cargo de alimentar a los animales, pagar esterilizaciones y tratamientos veterinarios, controlar las colonias y afrontar situaciones de emergencia. Una situación que convierte el voluntariado en un sustituto de la Administración en lugar de en un colaborador de esta.
«No pedimos nada nuevo»
La protesta ha puesto también el foco en la necesidad de que los programas municipales sean integrales y permanentes. El método CER —captura, esterilización y retorno— constituye uno de los instrumentos fundamentales previstos por la normativa, pero los colectivos reclaman que no se reduzca la gestión de las colonias a realizar determinadas campañas de esterilización. La propia ley contempla una gestión mucho más amplia: censos, identificación, seguimiento sanitario, desparasitación, vacunación, alimentación regulada, refugios, formación de cuidadores y protocolos para conflictos vecinales y situaciones de emergencia.
Los convocantes reclaman además presupuestos suficientes, transparencia y trazabilidad. Quieren conocer cuántas colonias existen, cuántos animales han sido identificados y esterilizados, qué recursos se destinan a su mantenimiento y qué servicios veterinarios están disponibles cuando un animal enferma o resulta herido.
En la provincia de Almería, las organizaciones animalistas vienen denunciando desde hace tiempo una implantación desigual de estos programas. Tanto Movimiento Sumar, como PACMA, por ejemplo, ha señalado la escasa aplicación generalizada del método CER y ha reclamado mayor transparencia municipal en la gestión de las colonias.
Una reivindicación que interpela directamente a los ayuntamientos
El mensaje lanzado desde Almería no se dirige a una administración concreta ni a un determinado color político. La propia plataforma convocante subraya que el incumplimiento afecta a municipios gobernados por diferentes formaciones y que la movilización pretende mantenerse al margen de las siglas. Lo que se reclama es que los ayuntamientos asuman la responsabilidad que les asigna la legislación y que la protección de los gatos comunitarios deje de depender de la capacidad económica, la disponibilidad de tiempo o la voluntad personal de quienes llevan años cuidándolos.
La Ley 7/2023 establece, además, que el Estado debe habilitar líneas de subvenciones para que las entidades locales puedan cumplir sus obligaciones y permite que los municipios recaben el apoyo de las diputaciones provinciales para garantizar la prestación de estos servicios. Por eso, la marea naranja que recorrió el Paseo Marítimo de Almería no fue únicamente una protesta por los gatos. Fue también una reclamación de responsabilidad institucional.
Tres años después de la entrada en vigor de la normativa, los colectivos quieren que las palabras de la ley se traduzcan en contratos veterinarios, censos, esterilizaciones, atención sanitaria, protocolos, presupuestos y personal especializado. Porque el mensaje que se repitió este domingo en Almería y en otros 37 puntos del país era, en realidad, muy sencillo: la ley ya existe. Ahora les toca a los ayuntamientos cumplirla.
