La Fiscalía Provincial de Almería ha abierto diligencias de investigación para determinar si siete concejales del Ayuntamiento de Carboneras pudieron incurrir en un delito de prevaricación administrativa al votar en junio a favor de aplazar la declaración de nulidad de la licencia de obras del hotel de El Algarrobico. La asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, que presentó la denuncia, considera que aquella decisión volvió a retrasar el cumplimiento de las resoluciones judiciales sobre el polémico establecimiento.
La situación del hotel de El Algarrobico vuelve a situarse bajo el foco judicial. La Fiscalía Provincial de Almería ha iniciado diligencias para esclarecer si siete ediles del Ayuntamiento de Carboneras incurrieron en un posible delito de prevaricación administrativa después de que, en el Pleno celebrado el pasado 17 de junio, votaran a favor de dejar sobre la mesa la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras concedida en 2003 a Azata del Sol.
La decisión fue denunciada por la asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense, que acudió tanto a la Fiscalía como a los juzgados de Vera al considerar que el aplazamiento suponía una actuación injustificable y un posible acto de prevaricación.
Los siete concejales señalados son los cinco ediles vinculados al PSOE —José Luis Amérigo, Francisco Capel, Vanesa Fuentes, Mariana Esteban e Isabel Hernández— y los dos concejales no adscritos Ángeles Carrillo y Felipe Cayuela. Posteriormente, el PSOE abrió expedientes disciplinarios a sus cinco concejales implicados.
El Pleno que volvió a aplazar la decisión
El 17 de junio estaba previsto que el Ayuntamiento de Carboneras abordara la revisión de oficio de la licencia que permitió la construcción del hotel, después de años de resoluciones judiciales y administrativas que han cuestionado la legalidad urbanística del proyecto.
Sin embargo, durante la sesión se planteó dejar el asunto sobre la mesa para solicitar nuevos informes, entre ellos los relacionados con las posibles consecuencias económicas de la anulación de la licencia.
La propuesta salió adelante con los votos de los siete concejales posteriormente denunciados. La Fiscalía solicitó al Ayuntamiento el acta del Pleno y la documentación jurídica relacionada con aquella decisión para determinar las circunstancias en las que se produjo el aplazamiento.
Desde Salvemos Mojácar cuestionaron que fueran necesarios nuevos informes y sostuvieron que el expediente ya contaba con pronunciamientos jurídicos suficientes. La asociación considera que la solicitud de nueva documentación sirvió para volver a dilatar una cuestión que lleva más de dos décadas pendiente.
La nulidad finalmente fue aprobada
El aplazamiento no supuso finalmente un bloqueo indefinido. El Ayuntamiento celebró un nuevo Pleno extraordinario el 7 de julio y aprobó la nulidad de la licencia de obras del hotel.
La decisión llegó después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reclamara al Ayuntamiento que procediera a anular la licencia dentro del plazo establecido, con la posibilidad de que el propio tribunal adoptara medidas para ejecutar lo acordado si el consistorio no cumplía.
La nulidad fue finalmente aprobada con los votos favorables del alcalde, Salvador Hernández, representantes del PP y varios concejales socialistas, aunque algunos de los ediles que habían respaldado el aplazamiento no participaron finalmente en la votación.
Más de veinte años de controversia
El Algarrobico se ha convertido durante más de dos décadas en uno de los principales símbolos del conflicto entre desarrollo urbanístico y protección del litoral en Almería.
El inmueble permanece construido junto a la playa de El Algarrobico, en un espacio sometido a diferentes resoluciones judiciales que han establecido la condición no urbanizable de los terrenos y han obligado a las administraciones a avanzar hacia la restauración de la legalidad.
Salvemos Mojácar considera que las sucesivas decisiones administrativas y judiciales han generado más de veinte años de retrasos y advierte de que la apertura de las diligencias de Fiscalía no significa que la demolición vaya a producirse de manera inmediata.
La asociación mantiene además actuaciones judiciales destinadas a reclamar la demolición del inmueble y la recuperación ambiental del espacio.
La investigación deberá determinar si hubo delito
La apertura de diligencias no significa que los siete concejales hayan sido declarados culpables ni implica por sí misma que exista un delito. La finalidad de la investigación es determinar si los hechos denunciados pueden ser constitutivos de prevaricación administrativa y si concurren los elementos necesarios para continuar el procedimiento.
La Fiscalía deberá analizar el contenido del Pleno del 17 de junio, los argumentos utilizados para justificar el aplazamiento y los informes jurídicos que obraban en el expediente.
Mientras tanto, Salvemos Mojácar ha recibido la apertura de la investigación como una señal positiva y confía en que el procedimiento permita establecer responsabilidades si finalmente se acredita la existencia de una actuación delictiva.
El caso vuelve así a poner de manifiesto la compleja historia administrativa, judicial y política de El Algarrobico, un proyecto que, más de veinte años después de su construcción, continúa pendiente de completar el proceso de restauración de la legalidad urbanística.
