La propuesta de instalación de una macrogranja avícola en el municipio de Pechina ha generado una creciente contestación social y política. Vecinos, colectivos ciudadanos y formaciones políticas han expresado su rechazo al proyecto, alegando riesgos ambientales, sanitarios y urbanísticos, así como un cuestionable beneficio económico para la localidad.
El proyecto contempla la instalación de una explotación intensiva de pollos con una capacidad cercana a las 40.000 aves. Este umbral resulta clave, ya que situarse por debajo de esa cifra evitaría la obligatoriedad de someterse a una evaluación de impacto ambiental más estricta, lo que ha suscitado críticas por un posible intento de eludir controles más exigentes.
Desde sectores críticos se sostiene que el diseño del proyecto —con 39.999 aves— podría responder a una estrategia para reducir requisitos administrativos, lo que ha intensificado la polémica en torno a su tramitación.
Rechazo de las formaciones políticas de la izquierda andaluza
La formación Adelante Andalucía ha solicitado la paralización de la macrogranja y ha presentado alegaciones ante el Ayuntamiento, señalando aspectos problemáticos, como posibles irregularidades legales en la tramitación administrativa, dudas sobre el cumplimiento de la normativa urbanística y el impacto ambiental significativo, especialmente en la gestión de residuos y el consumo de agua. Asimismo, desde esta formación también se cuestiona el interés público del proyecto, señalando que este tipo de explotaciones, altamente mecanizadas, generan un volumen limitado de empleo local.
Argumentos similares ha empleado Movimiento Sumar, organización integrada en la coalición electoral «Por Andalucía». Su coordinador provincial y candidato al Parlamento Andaluz por la provincia de Almería, José Francisco Cano, ha declarado a La Crónica del Parque la decidida oposición de su formación política a este proyecto. «Desde Por Andalucía rechazamos la instalación de nuevas macro-granjas porcinas y de aves en la provincia, porque constituyen un modelo de producción industrial de carne insostenible ambientalmente, que entraña grandes riesgos para la salud por el abuso de antibióticos en la alimentación de los animales y cuya cría y engorde se realiza en lamentables condiciones para los cerdos y pollos y así se dice en nuestro programa electoral» afirmó.
Movilización vecinal y preocupaciones sociales
Paralelamente, la oposición ciudadana ha tomado forma a través de iniciativas como recogidas de firmas y campañas públicas. Los vecinos alertan de múltiples riesgos asociados a este tipo de instalaciones, como el impacto en la salud pública, por emisiones de gases y partículas; proximidad a zonas habitadas y equipamientos sensibles; molestias derivadas de olores y proliferación de insectos y riesgo de contaminación de acuíferos en el entorno del valle del Andarax.
El movimiento ciudadano está impulsando una recogida de firmas a través de la plataforma ciudadana Change.org, a la que se puede acceder a través del siguiente enlace: Petición · ¡Frenemos la macrogranja de Pechina! Por nuestra salud y el futuro del pueblo – Pechina, España · Change.org
Estas preocupaciones reflejan una creciente sensibilidad social hacia los efectos de la ganadería intensiva en el entorno rural.
Pero el conflicto político y social en Pechina se inscribe en un debate más amplio sobre las macrogranjas, entendidas como explotaciones ganaderas intensivas de gran escala. Aunque no existe una definición legal única, suelen asociarse a controversias por su impacto ambiental, el modelo productivo y su encaje en el territorio. En distintos puntos de España, proyectos similares han generado oposición social, evidenciando la tensión entre desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y calidad de vida en las comunidades locales.
A día de hoy, la situación en Pechina continúa sin resolverse. La presión vecinal y política ha llevado a exigir mayores garantías ambientales y a revisar el proceso administrativo del proyecto. Además, el caso pone de manifiesto cómo la implantación de grandes explotaciones ganaderas puede convertirse en un foco de conflicto territorial, donde confluyen intereses económicos, preocupaciones ambientales y demandas ciudadanas por un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible.
