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El coordinador provincial del Partido Animalista PACMA en Almería, Eduardo Milla, ha anunciado su apoyo a la manifestación que se celebrará el próximo domingo 6 de septiembre en Almería para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023 en materia de colonias felinas.
La movilización, independiente y apartidista, contará con 38 convocatorias simultáneas en toda España. Habrá manifestaciones y concentraciones en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, Región de Murcia, Navarra y País Vasco, además de Melilla.
En Almería, la manifestación comenzará a las 12:00 horas en la playa del Zapillo y finalizará en la calle Sorrento. PACMA anima a la ciudadanía a participar para reclamar recursos suficientes, programas CER efectivos, atención veterinaria, transparencia y protección para las personas que cuidan las colonias.
El Partido Animalista ha desarrollado desde hace años una labor de fiscalización en la provincia, donde ha documentado avisos de maltrato y desapariciones, presentado escritos ante distintos ayuntamientos y acudido al Defensor del Pueblo Andaluz y al Consejo de Transparencia ante la opacidad.
Señalan que el método CER (captura, esterilización y retorno) continúa sin aplicarse de manera generalizada, pese a las obligaciones que la Ley 7/2023 atribuye a las administraciones locales respecto a la gestión de los gatos comunitarios.
Compromisos incumplidos y falta de transparencia
PACMA menciona a Huécija, Lúcar y Velefique como ejemplos de ayuntamientos que, tras haberse reunido con ellos, se comprometieron a implantar el CER, pero que no han cumplido esos compromisos ni han facilitado información suficiente sobre las actuaciones realizadas un año después.
«No basta con anunciar que se va a cumplir la ley. Estos ayuntamientos se comprometieron a implantar el CER, pero no tenemos constancia de que lo hayan hecho y tampoco responden a nuestras solicitudes de información, ni siquiera después de acudir a los organismos de transparencia», denuncia Milla.
En Huécija, PACMA recurrió al Consejo de Transparencia tras meses sin obtener respuesta sobre la muerte de un gato perteneciente a una colonia felina. En Lúcar acudió al Defensor del Pueblo Andaluz después de que el Ayuntamiento prohibiera alimentar a los gatos comunitarios. En Velefique denunció amenazas de sanción contra las personas que los cuidaban.
Milla recuerda el caso de Benitagla, donde alertó de la desaparición de entre 15 y 20 gatos comunitarios y solicitó información al Ayuntamiento sobre lo ocurrido y sobre sus previsiones para implantar el CER. Sin embargo, «sin transparencia no se puede comprobar si existen censos, presupuesto, atención veterinaria o programas reales de esterilización. Las cuidadoras no pueden seguir asumiendo solas una responsabilidad que corresponde a los ayuntamientos», concluye el coordinador.
