En el primer trimestre de este año, el municipio de Pechina afrontó la posible tramitación de un proyecto para instalar una explotación avícola industrial con capacidad para 39.999 gallinas ponedoras, una dimensión que generó preocupación entre vecinos y colectivos sociales y ambientales por las posibles repercusiones sobre el territorio.
La iniciativa contemplaba una instalación que se situaría a menos de un kilómetro de Rioja y a escasa distancia del núcleo urbano de Pechina, además de encontrarse en el entorno de una residencia de personas mayores. Estas circunstancias convertían la ubicación en uno de los principales elementos de debate en torno al proyecto.
La dimensión de la explotación es otro de los aspectos que ha despertó mayor controversia. El proyecto fijaba su capacidad en 39.999 animales, justo por debajo del umbral de 40.000 que los colectivos críticos consideran especialmente relevante a efectos de las obligaciones ambientales aplicables. Adelante Andalucía llegó a solicitar al Ayuntamiento de Pechina la paralización de la actuación y reclamó que se analizara la necesidad de someterla a una evaluación ambiental más exhaustiva.
Agua, residuos y olores, entre las principales preocupaciones
Más allá de la cuestión administrativa, las críticas se concentran en las consecuencias que podría tener una explotación de estas características sobre los recursos naturales y la población del entorno.
El consumo de agua constituye uno de los principales interrogantes en una provincia caracterizada por la escasez de recursos hídricos y la presión sobre las masas de agua. La explotación de decenas de miles de aves implica un consumo permanente asociado tanto a los animales como a la limpieza y al funcionamiento de las instalaciones.
También preocupa la gestión de los residuos ganaderos. Una explotación intensiva de esta capacidad generará de forma continua estiércoles y otros residuos cuya recogida, almacenamiento, tratamiento y destino deben quedar adecuadamente definidos para evitar afecciones al suelo y a las aguas.
A ello se añaden las posibles emisiones y olores derivados de la actividad. La proximidad a zonas habitadas hace que este aspecto tenga una relevancia especial, particularmente cuando el proyecto se plantea en un área próxima tanto a Pechina como a Rioja. Los colectivos que han presentado alegaciones han señalado igualmente la cercanía de una residencia de mayores.
El umbral de 40.000 aves centra parte de la polémica
La cifra de 39.999 animales no ha pasado inadvertida. La oposición al proyecto sostiene que situar la capacidad una unidad por debajo de 40.000 podría tener consecuencias sobre el régimen de controles ambientales al que debe someterse la instalación.
Adelante Andalucía ha planteado precisamente esta cuestión como uno de los motivos para reclamar una revisión de la tramitación. Según la formación, el proyecto podría estar diseñado para quedar por debajo de ese umbral y evitar determinados requisitos asociados a explotaciones de mayor capacidad.
Se trata, en cualquier caso, de una cuestión que debe determinarse conforme a la normativa ambiental y urbanística aplicable y a las características concretas del proyecto, por lo que las acusaciones de un posible fraude de ley forman parte, por ahora, de las alegaciones formuladas por los sectores contrarios a la instalación.
El debate también afecta a la compatibilidad urbanística de la actividad y a las condiciones que debería cumplir su emplazamiento. El Ayuntamiento deberá valorar estos aspectos durante la tramitación, junto con los informes sectoriales que correspondan.
Un debate que trasciende a Pechina
El proyecto se incorpora además a un debate más amplio sobre la expansión de la ganadería industrial en la provincia de Almería. En los últimos meses se han planteado distintas iniciativas de grandes explotaciones ganaderas que han generado controversias sobre el consumo de recursos, la generación de residuos, la ocupación del suelo y la convivencia con las poblaciones cercanas.
En el caso de Pechina, la dimensión de la instalación resulta especialmente significativa para un municipio de las características del entorno del Bajo Andarax. La ubicación y las distancias respecto a viviendas y equipamientos adquieren, por tanto, una importancia determinante a la hora de valorar las consecuencias de la actividad.
La polémica no se limita tampoco a las organizaciones ambientales. Vecinos, colectivos ciudadanos y formaciones políticas han expresado su oposición al proyecto y han planteado dudas sobre sus posibles efectos ambientales, sanitarios y urbanísticos, así como sobre el impacto económico real que una instalación altamente mecanizada podría tener sobre el municipio.
La cuestión está aún pendiente, ya que la tramitación administrativa todavía no cuenta con autorización municipal, así como de los preceptivos informes medioambientales de la Junta de Andalucía. En su caso, el expediente deberá concretar, entre otros aspectos, las condiciones de abastecimiento de agua, gestión de residuos, prevención de olores y emisiones, medidas de protección ambiental y compatibilidad urbanística.
