Los diputados nacionales del Partido Popular por Almería Ana Martínez Labella, Maribel S. Torregrosa y Rafael Hernando han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Gobierno para exigir explicaciones sobre el futuro del Parque de Rescate de Fauna Sahariana, actualmente ubicado en la finca de La Hoya, en la capital almeriense.
Los parlamentarios populares denuncian que, casi un año después de que el Ayuntamiento de Almería ofreciera formalmente una parcela municipal para trasladar estas instalaciones científicas, el Gobierno sigue sin aclarar si ha evaluado la propuesta ni qué decisión piensa adoptar.
Para la diputada Ana Martínez Labella, esta situación demuestra “la absoluta falta de interés del Gobierno de Pedro Sánchez por un proyecto científico de referencia internacional que además forma parte del patrimonio científico de Almería”.
“Lo que no es de recibo es que exista una propuesta concreta del Ayuntamiento para facilitar el traslado y que el Gobierno lleve casi un año sin dar ninguna respuesta ni explicar qué piensa hacer”, ha criticado.
El Parque de Rescate de Fauna Sahariana, en funcionamiento desde la década de los años setenta y vinculado a la Estación Experimental de Zonas Áridas, alberga cerca de 400 animales salvajes y desarrolla un programa de conservación e investigación sobre ungulados norteafricanos en el que trabajan alrededor de una veintena de investigadores.
Sin embargo, el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha reconocido en publicaciones oficiales que las actuales instalaciones han quedado obsoletas por su tamaño y su localización, lo que limita el desarrollo de los programas científicos y de conservación.
La diputada ha subrayado que el parque se encuentra además en pleno entorno urbano, muy próximo a zonas residenciales y a uno de los enclaves patrimoniales más importantes de la ciudad, en las inmediaciones de la Alcazaba, las murallas de Jairán y el Mirador de San Cristóbal.
“Estamos hablando de un espacio que se ha quedado pequeño y que además se encuentra en un entorno urbano que plantea retos evidentes en materia de bioseguridad y bienestar animal. Todo esto lo reconoce el propio CSIC, por lo que lo lógico sería actuar y no seguir bloqueando decisiones”, ha afirmado.
