Siete años de inhabilitación para el exalcalde de Carboneras por adjudicar a dedo obras por casi medio millón de euros

Cristobal Fernandez
La provincia
La Audiencia Provincial de Almería confirma la condena por prevaricación administrativa a Cristóbal Fernández, que contrató sin procedimiento público la renovación del alumbrado del paseo marítimo. La actuación también provocó que el Ayuntamiento tuviera que devolver una subvención de más de 295.000 euros, además de los intereses.

La Justicia ha confirmado la condena a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exalcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, por la adjudicación irregular de las obras de sustitución del alumbrado del paseo marítimo del municipio. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha desestimado el recurso presentado por el antiguo regidor y ratificado la sentencia de primera instancia por un delito de prevaricación administrativa.

Los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando Fernández se encontraba al frente del Ayuntamiento, cargo que ocupó entre octubre de 2007 y junio de 2011. El 8 de septiembre de aquel año, el entonces alcalde aprobó mediante una resolución la ejecución de los trabajos por un importe de 492.182,65 euros, con el compromiso de que se realizarían utilizando medios propios municipales.

Sin embargo, las obras terminaron en manos de dos empresas privadas sin que se hubiera tramitado un expediente de contratación ni convocado un procedimiento de licitación pública. Según recoge la resolución judicial, el exalcalde actuó con conocimiento de que estaba contraviniendo el ordenamiento jurídico.

Dos empresas y casi medio millón de euros

Las mercantiles Indasa Almería SL e Instalaciones Moreno y Gañid SL participaron en la operación. La primera facturó 360.937,23 euros por el suministro de materiales, mientras que la segunda presentó una factura de 134.982,51 euros por la ejecución de los trabajos.

Ambas cantidades fueron abonadas con cargo al presupuesto municipal, pese a que no existía expediente administrativo de contratación. La Audiencia considera que se eludieron conscientemente los mecanismos de publicidad, transparencia, control y libre concurrencia que deben garantizar la igualdad de oportunidades entre las empresas interesadas en contratar con una Administración pública.

La sentencia subraya además la contradicción entre la decisión inicial de ejecutar las obras con medios municipales y lo que finalmente sucedió: los trabajos fueron encargados a empresas privadas sin la autorización previa ni los procedimientos legalmente exigibles.

El Ayuntamiento tuvo que devolver una subvención de más de 295.000 euros

Las consecuencias de aquella actuación no se limitaron al ámbito judicial. La Junta de Andalucía ordenó al Ayuntamiento de Carboneras reintegrar una subvención de 295.309,59 euros concedida para financiar el proyecto, junto con los intereses correspondientes.

La Administración autonómica detectó irregularidades en la ejecución y justificación de los trabajos, entre ellas la subcontratación de la totalidad de las obras sin la autorización administrativa previa exigida. La devolución de los fondos supuso un perjuicio económico para las arcas municipales.

La Audiencia destaca que la operación no generó ningún ahorro para el Consistorio y que la falta de justificación formal de los trabajos tuvo consecuencias económicas directas para el municipio.

La Audiencia confirma la condena

Uno de los elementos determinantes para la resolución judicial fue el informe del secretario municipal, que acreditó que no se había tramitado ningún expediente administrativo para la contratación de las obras.

El tribunal ha rechazado los argumentos de la defensa y no aprecia errores en la valoración de las pruebas realizada en primera instancia. Considera acreditado que la resolución de Alcaldía no amparaba la contratación posterior de las empresas privadas al margen de los procedimientos legales.

Con esta decisión, la Audiencia Provincial confirma los siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público impuestos a Cristóbal Fernández, así como la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo.

La resolución vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles administrativos en la contratación pública y la obligación de las corporaciones locales de gestionar los fondos municipales y las subvenciones con transparencia, publicidad y respeto a los procedimientos legales. En este caso, las consecuencias de una contratación irregular alcanzaron tanto al responsable político condenado como a las cuentas públicas de Carboneras.



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