La Guardia Civil ha desarticulado en Roquetas de Mar tres grupos criminales presuntamente dedicados a facilitar empadronamientos fraudulentos, una actividad que habría permitido registrar a personas en viviendas donde no residían realmente y, en algunos casos, sin conocimiento de los propietarios.
La operación, denominada ‘Tabula Rasa’, ha permitido detectar 188 empadronamientos fraudulentos y detener hasta el momento a 18 personas, según los datos difundidos por la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. Los arrestos se han producido en Roquetas de Mar, Almería, Adra, La Mojonera y El Ejido. La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones.
La investigación comenzó durante los primeros meses de 2025, después de que varios vecinos de Roquetas de Mar acudieran a las autoridades al descubrir que en sus domicilios aparecían empadronadas personas completamente desconocidas para ellos. Las primeras denuncias permitieron iniciar unas pesquisas que acabarían revelando una estructura organizada.
Recibos falsificados y propietarios que desconocían los empadronamientos
Según la investigación, los presuntos responsables utilizaban documentación falsificada, principalmente recibos de agua y electricidad, para acreditar de manera irregular la residencia de las personas que pretendían empadronarse. Además, habrían utilizado la identidad de los titulares de las viviendas sin su conocimiento ni autorización.
Uno de los casos más llamativos apareció en un edificio de Aguadulce, donde figuraban empadronadas más de un centenar de personas. Las comprobaciones realizadas por los agentes no permitieron acreditar que esas personas residieran efectivamente en las viviendas donde constaban registradas.
La investigación permitió también tomar declaración a 69 personas que se consideran estafadas. Según sus testimonios, habrían pagado cantidades de entre 800 y 2.500 euros para conseguir su empadronamiento en Roquetas de Mar.
La existencia de estas personas como presuntas víctimas resulta especialmente significativa porque muestra que el negocio investigado no se limitaba a falsificar documentación o utilizar domicilios ajenos: habría existido también un sistema organizado para cobrar por conseguir un trámite administrativo mediante procedimientos fraudulentos.
Tres grupos y 188 altas bajo sospecha
El avance de las pesquisas llevó a los investigadores a identificar tres grupos criminales que presuntamente actuaban principalmente en grandes bloques residenciales de Roquetas de Mar. A los detenidos se les atribuyen, con distinto grado de participación y siempre dentro de una investigación todavía abierta, posibles delitos de pertenencia o constitución de grupo criminal, falsedad documental, estafa, usurpación del estado civil y favorecimiento de la inmigración ilegal.
La Guardia Civil mantiene abiertas distintas líneas de investigación y señala que todavía quedan objetivos pendientes de localizar, por lo que el número de detenidos podría aumentar.
El caso presenta además una especial relevancia para Roquetas porque no se trata de un episodio aislado. En mayo de este mismo año ya se produjo otra investigación relacionada con una supuesta red de falsos empadronamientos y contratos de alquiler fraudulentos en el Poniente almeriense, en la que fueron detenidas seis personas, entre ellas un funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Se trata de una investigación diferente y no debe establecerse una conexión entre ambos casos sin que las autoridades la confirmen, pero la coincidencia temporal evidencia que el fraude relacionado con los empadronamientos se ha convertido en un asunto especialmente sensible en la comarca.
El padrón, en el centro de una actividad fraudulenta
El padrón municipal constituye un registro administrativo fundamental para acreditar la residencia y vecindad en un municipio. Su utilización fraudulenta puede tener consecuencias tanto para los propietarios cuyos domicilios aparecen utilizados sin autorización como para las propias personas que pagan por conseguir una inscripción irregular.
En el caso investigado ahora, la Guardia Civil recomienda a los propietarios comprobar periódicamente quién figura empadronado en sus viviendas y comunicar cualquier irregularidad a la administración municipal o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La operación ‘Tabula Rasa’ pone además de manifiesto hasta qué punto un trámite administrativo aparentemente sencillo puede convertirse en un negocio ilegal cuando existe una demanda dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero y una estructura preparada para manipular documentación y utilizar identidades ajenas. Y este aspecto pone de manifiesto las dificultades que algunos ayuntamientos, como el de El Ejido, ponen a este trámite, que supone un derecho para todas las personas que habitan en el municipio y debería ser un acto casi automático.
Por el momento, la investigación sigue abierta. Los 188 empadronamientos detectados constituyen el alcance conocido hasta ahora, pero los investigadores continúan trabajando para determinar si existen más casos y cuál era exactamente la estructura y el volumen económico de la actividad.
La cifra definitiva de detenidos también podría variar. La información oficial conocida actualmente habla de 18 arrestados, aunque algunos medios han publicado titulares con cifras superiores. Por rigor, debe mantenerse la cifra facilitada por la Guardia Civil hasta que exista una actualización oficial.
