La decisión de la Diputación Provincial de Almería de financiar el programa «Jugando al Toro», dirigido a acercar la tauromaquia a niños y niñas, supone una iniciativa difícilmente justificable desde el punto de vista educativo y ético. Mientras organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas han advertido a España sobre los efectos que la exposición de los menores a la violencia contra los animales puede tener en su desarrollo, la institución provincial opta por dedicar recursos públicos a fomentar una actividad basada en el sufrimiento animal.
El programa, impulsado por la Diputación junto a la Escuela Taurina de Almería, recorrerá varios municipios de la provincia con talleres dirigidos específicamente a menores. Bajo la apariencia de una actividad lúdica, el objetivo es despertar el interés de los más jóvenes por la tauromaquia mediante juegos y prácticas relacionadas con el toreo.
La iniciativa plantea un serio debate sobre el papel que deben desempeñar las administraciones públicas. Una cosa es que la tauromaquia continúe siendo una actividad legal; otra muy distinta es que una institución pública utilice el dinero de todos los ciudadanos para promocionarla entre la infancia.
La ONU ya ha advertido a España
No se trata únicamente de una cuestión de sensibilidad hacia los animales. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado expresamente a España que adopte medidas para proteger a los menores de la exposición a la violencia de la tauromaquia y desincentive su participación en este tipo de espectáculos, al considerar que puede afectar negativamente a su desarrollo emocional.
Estas recomendaciones no son una opinión aislada. Numerosos profesionales de la psicología infantil, la pedagogía y la protección de la infancia han alertado sobre la inconveniencia de normalizar la violencia ejercida contra un animal como forma de entretenimiento o de expresión cultural cuando los destinatarios son niños y adolescentes.
Las administraciones públicas dedican importantes esfuerzos a educar en el respeto, la convivencia, la empatía y la resolución pacífica de los conflictos. Sin embargo, resulta contradictorio que esa misma administración impulse actividades destinadas a familiarizar a los menores con un espectáculo cuyo desenlace consiste en herir y dar muerte a un animal.
La educación en el respeto hacia los seres vivos no puede convivir con iniciativas que presentan el sufrimiento animal como un elemento festivo o cultural digno de admiración.
Una inversión pública difícil de defender
La provincia de Almería cuenta con un patrimonio natural, histórico y cultural extraordinario. Existen innumerables posibilidades para desarrollar programas infantiles relacionados con la ciencia, el medio ambiente, la biodiversidad, el deporte, las artes escénicas o la historia de la provincia.
Frente a todas esas alternativas, la Diputación ha decidido destinar recursos públicos a promocionar la tauromaquia entre menores. Una decisión que no solo resulta discutible desde el punto de vista educativo, sino también desde la gestión de las prioridades públicas.
La sociedad española ha experimentado en los últimos años un profundo cambio en su relación con los animales. El ordenamiento jurídico reconoce hoy a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad, y las leyes avanzan hacia una protección cada vez mayor de su bienestar.
Las nuevas generaciones muestran, además, una sensibilidad creciente hacia los derechos de los animales y el rechazo a cualquier forma de maltrato. En este contexto, promover la tauromaquia entre la infancia supone caminar en sentido contrario a la evolución ética y social que vive el país.
La Diputación Provincial tiene la responsabilidad de impulsar políticas públicas que beneficien al conjunto de la ciudadanía y que contribuyan a formar a los menores en valores compatibles con una sociedad democrática, respetuosa y empática.
Utilizar dinero público para incentivar el interés de niños y niñas por una actividad basada en el sufrimiento animal no solo es una decisión cuestionable, sino un mensaje profundamente equivocado. Las instituciones deben ser referentes en la promoción de una cultura de respeto hacia todos los seres vivos, no en la normalización de prácticas que organismos internacionales han recomendado mantener alejadas de la infancia.
