La decisión del Gobierno andaluz de atribuir a Vox las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género constituye uno de los gestos políticos más preocupantes de los últimos años en Andalucía. No porque los equipos técnicos vayan a dejar de ser profesionales, sino porque el mensaje político que transmite el Ejecutivo de Juanma Moreno es profundamente inquietante: los derechos de las mujeres vuelven a utilizarse como moneda de cambio para garantizar la estabilidad parlamentaria.
Las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género desempeñan una función esencial dentro del sistema judicial. Sus informes, elaborados por psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales, sirven de apoyo a los jueces para adoptar decisiones sobre órdenes de protección, custodias, medidas cautelares o valoración del riesgo de las víctimas. Se trata de un ámbito especialmente sensible, cuya credibilidad depende precisamente de su independencia técnica.
Lo preocupante no es únicamente el cambio competencial, sino el destinatario de esa cesión. Vox lleva años cuestionando el concepto mismo de violencia de género, reclamando la derogación de las leyes específicas de protección de las mujeres y denunciando un supuesto «sesgo ideológico» en las instituciones dedicadas a combatir esta forma de violencia. El propio partido había planteado la necesidad de «depurar» estos servicios antes de asumir ahora responsabilidades sobre ellos.
Juanma Moreno ha construido buena parte de su imagen pública sobre un discurso de moderación y centralidad política. Sin embargo, decisiones como esta muestran una realidad muy distinta: cuando necesita el respaldo de Vox, el Gobierno andaluz no duda en ceder espacios especialmente sensibles para satisfacer las exigencias de la extrema derecha.
La violencia machista no admite experimentos ideológicos. España dispone de uno de los marcos legales más avanzados de Europa precisamente porque durante décadas se ha reconocido que esta violencia responde a una desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Negar esa realidad o poner bajo sospecha a quienes trabajan para proteger a las víctimas supone debilitar la confianza en el sistema.
Resulta especialmente preocupante que esta decisión llegue en un contexto en el que las administraciones deberían reforzar los recursos destinados a la prevención, la atención psicológica, la protección judicial y la recuperación de las víctimas, no abrir nuevos frentes de confrontación política sobre un consenso democrático construido durante años.
Quienes defienden esta cesión argumentarán que los profesionales seguirán desarrollando su trabajo con plena autonomía. Es probable que así sea. Pero la política también se expresa mediante símbolos. Y el símbolo que proyecta el Gobierno andaluz es que un partido que ha cuestionado reiteradamente las políticas contra la violencia de género pasa a dirigir el área administrativa de unos servicios cuya existencia ha criticado abiertamente. Ese mensaje tiene un enorme peso institucional.
Las víctimas necesitan instituciones sólidas, independientes y libres de cualquier sospecha de interferencia política. Necesitan saber que el sistema trabaja exclusivamente para garantizar su protección, no para satisfacer equilibrios parlamentarios.
Cuando la lucha contra la violencia de género deja de ser una política de Estado para convertirse en objeto de negociación política, quienes realmente pierden son las mujeres que cada día siguen necesitando la máxima protección de las instituciones públicas. Esa debería ser una línea que ningún gobierno dispuesto a defender los derechos fundamentales estuviera dispuesto a cruzar.
