Andalucía vuelve a encabezar, otro año más, el gasto farmacéutico en España: 3.500 millones de euros en 2025, la cifra más alta del país. Y, lejos de estabilizarse, la Junta prevé alcanzar 4.300 millones en 2026, lo que supone que uno de cada cuatro euros del presupuesto sanitario terminará en manos de la industria farmacéutica.
La explicación no es compleja: en 2020, el Gobierno de Moreno Bonilla decidió eliminar la subasta de medicamentos, un modelo implantado en 2012 que había permitido contener la factura farmacéutica y que contaba con el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales. Desde su supresión, la curva del gasto no ha dejado de ascender. Lo que antes era un sistema que primaba la eficiencia, hoy se ha convertido en una autopista presupuestaria hacia el incremento sin control de la factura farmacéutica.
No es extraño que sindicatos y organizaciones profesionales adviertan de un gasto “desmesurado”, mientras la Junta insiste en llamarlo “inversión”. Una inversión que, curiosamente, crece incluso más rápido desde que el Ejecutivo andaluz abrió la puerta a una mayor dependencia de fármacos de marca y tratamientos de alto coste.
En este escenario, diversos sectores han señalado que la esposa de Juan Manuel Moreno ocupa un cargo directivo en una empresa farmacéutica de relevancia. Pero, sin que este hecho implique ninguna irregularidad, sí resulta oportuno recordar que la ética institucional exige mecanismos sólidos de prevención de conflictos de interés, especialmente cuando las decisiones políticas adoptadas benefician directa y sustancialmente a ese sector.
La cuestión no es personal, sino estructural: un gobierno que incrementa exponencialmente el gasto farmacéutico mientras desmantela los instrumentos de control debería esforzarse por garantizar máxima transparencia, precisamente para evitar sombras o dudas que dañen la confianza pública.
El relato oficial: inversión, envejecimiento y cronicidad.
Los colegios profesionales, especialmente el de Farmacéuticos, defienden que este gasto responde al envejecimiento y a nuevas terapias. Pero lo cierto es que Andalucía prescribe ya mayoritariamente por principio activo y aun así la factura sube, mientras otras comunidades mantienen crecimientos más moderados con estrategias de control más sólidas.
Incluso propuestas sensatas —como aumentar el uso del genérico, mejorar la comunicación entre atención primaria y especializada, o reforzar la educación sanitaria— quedan diluidas en un marco donde la industria farmacéutica ve ampliado su margen de negocio y la Junta evita cualquier fórmula que implique contener precios o favorecer la competencia.
El plan de choque recientemente anunciado por la Consejería de Salud se limita a estabilizar 34 plazas de farmacéuticos para “promover el uso racional del medicamento”. Medida necesaria, sí, pero insuficiente cuando la política global avanza en la dirección contraria, facilitando un crecimiento sostenido y sin freno de la factura.
Andalucía gasta más que nadie, controla menos que antes y paga más por medicamentos que podrían ser adquiridos a menor coste con políticas más valientes y transparentes. Y mientras tanto, el Gobierno de Moreno Bonilla se refugia en explicaciones genéricas, sin asumir que la eliminación de la subasta y la orientación actual de la política sanitaria han abierto la puerta a un modelo más caro, menos eficiente y mucho más dependiente de los intereses privados.
