En las últimas semanas, la baliza V-16 —un simple dispositivo de preseñalización de peligro— se ha convertido en un nuevo proyectil arrojadizo contra el Gobierno en redes sociales y determinados espacios mediáticos. Lo que debería ser un debate sereno y técnico sobre prevención de accidentes se ha transformado en una campaña de ruido, sospechas y desinformación con un claro objetivo de desgaste político, impulsada en gran medida desde entornos de la extrema derecha, sin reparar en las consecuencias que este discurso puede tener sobre la seguridad de los conductores.
Un elemento pensado para salvar vidas se presenta ahora como una supuesta “estafa”, un “nuevo impuesto encubierto” o incluso como un mecanismo de “control estatal”. Ya no se trata de una simple discrepancia política, sino de una utilización irresponsable de la seguridad vial como arma de confrontación.
Qué es —y qué no es— la V-16
A partir del 1 de enero de 2026, la baliza V-16 conectada será el único dispositivo legal para señalizar averías y accidentes, sustituyendo a los tradicionales triángulos. El objetivo es claro: evitar que el conductor tenga que salir del vehículo y caminar por el arcén, una de las situaciones de mayor riesgo de atropello, especialmente en vías de alta velocidad.
¿Es un sistema perfecto? Seguramente no, como tampoco lo han sido nunca los triángulos, cuya colocación ya ha costado varias vidas. Existen dudas técnicas legítimas: autonomía de la batería, funcionamiento en zonas sin cobertura, fijación en determinados tipos de carrocería, potencia luminosa… Todo eso es debatible con datos, pruebas y criterios objetivos. Lo que no es legítimo es sustituir la discusión técnica por la intoxicación informativa.
Bulos desmontados por la DGT y la Agencia de Protección de Datos
Uno de los episodios más preocupantes de esta campaña ha sido la difusión del bulo sobre un supuesto “rastreo permanente” de los vehículos mediante la V-16. En redes sociales se ha llegado a afirmar que la baliza permitiría vigilar todos los movimientos del conductor.
Ante la magnitud del engaño, tanto la Dirección General de Tráfico como la Agencia Española de Protección de Datos se vieron obligadas a desmentirlo de forma categórica: la baliza solo transmite la ubicación cuando se activa en caso de avería o accidente; no existe ningún sistema de seguimiento continuo; no se asocian datos personales del conductor a esa señal; y el tratamiento de la información cumple estrictamente la normativa de protección de datos.
Que dos organismos públicos tengan que salir a apagar un incendio de desinformación en un asunto de seguridad vial dice mucho del clima de manipulación que se ha generado.
De la prevención al combate político
Desde que la DGT intensificó la información institucional sobre la futura obligatoriedad de la V-16 conectada, determinadas cuentas y plataformas digitales han transformado el asunto en una ofensiva política en toda regla. Se habla de “negocio del Gobierno”, “imposición ideológica” o “nuevo robo al ciudadano”, mensajes amplificados por perfiles vinculados a la extrema derecha y por algunos espacios mediáticos de marcado sesgo ideológico.
Incluso se han promovido campañas de recogida de firmas bajo el argumento de que la baliza es “otra forma de multarte”, simplificando de manera deliberada una medida de prevención en un eslogan de confrontación.
El patrón ya resulta conocido: mensajes emocionales, relatos de agravio, datos inflados o directamente falsos, teorías conspirativas sobre intereses ocultos y una estrategia clara: convertir cualquier política pública en munición electoral, aunque esté pensada para reducir víctimas.
El mayor peligro de todo esto no es el desgaste de un gobierno concreto. El verdadero riesgo es que se instale la idea de que cumplir una norma de seguridad depende del color político de quien la impulsa. Hoy es la V-16; ayer fueron el carnet por puntos, los límites de velocidad o los controles de alcoholemia; mañana puede ser cualquier otro sistema de protección.
Cuando la seguridad vial entra de lleno en la trinchera ideológica, las víctimas desaparecen del centro del debate. Y eso es una deriva profundamente peligrosa.
Por eso creo que conviene recordar tres ideas básicas:
Primera: la seguridad vial no debería ser bandera de ningún partido. Se puede criticar la gestión, los plazos o la comunicación, pero no dinamitar una medida preventiva por puro interés político.
Segunda: la desinformación tiene consecuencias reales. Cada conductor que desprecia una norma porque ha creído un bulo añade un riesgo innecesario para sí mismo y para quienes circulan a su alrededor.
Tercera: la ciudadanía merece información rigurosa. Qué es la V-16, qué ventajas tiene, qué limitaciones presenta, qué exige la normativa y qué es falso de todo lo que circula en redes.
España sigue teniendo un desafío enorme en siniestralidad vial. Cada avance tecnológico, por pequeño que sea, debe evaluarse, corregirse y mejorarse con datos y criterio. Pero también con una premisa clara: si puede reducir un solo atropello en el arcén, merece al menos un debate honesto.
Usar la V-16 como símbolo de combate ideológico es una irresponsabilidad. Alimenta la desconfianza, frena la cultura preventiva y expone a mayor riesgo a conductores, agentes y servicios de emergencia.
