La vivienda debería ocupar el centro del debate político, pero el cálculo electoral y la confrontación terminan desplazando las respuestas que reclama una sociedad cada vez más preocupada por el acceso a un hogar.
Qué lejos parece quedar la política de volver a ser un ejercicio noble: para quien gobierna, entendido como la responsabilidad de administrar pensando en sus ciudadanos; y para quien está en la oposición, como el ejercicio de vigilancia, control y exigencia sobre el cumplimiento de las promesas realizadas.
Esta semana, durante la sesión de control al Gobierno, la oposición ha optado, en mi opinión, por el cálculo electoral antes que por aportar propuestas en consonancia con uno de los grandes debates sociales de nuestro país desde hace décadas: la vivienda.
No estamos ante un asunto nuevo. En 2008, el estallido de la burbuja inmobiliaria puso de manifiesto las consecuencias de un modelo basado en un exceso de construcción y en una escalada de los precios que terminó desembocando en una de las mayores crisis económicas del capitalismo moderno. Una crisis cuyos costes recayeron, en buena medida, sobre el conjunto de la sociedad, mientras miles de familias perdían su empleo y sus viviendas.
Y llegamos a 2026 con una nueva emergencia habitacional. Miles de jóvenes contemplan con enorme dificultad la posibilidad de emanciparse y comenzar un proyecto de vida independiente. Tener un techo se ha convertido para muchos en un objetivo cada vez más difícil de alcanzar, pese a tratarse de un derecho reconocido por nuestro ordenamiento constitucional y de una necesidad básica para desarrollar una vida digna.
Del problema de la vivienda al lenguaje de la confrontación
En este contexto, el PP y Vox han preferido, en el debate político de esta semana, volver a poner el foco sobre un asunto que consideran susceptible de seguir explotándose electoralmente: Ceuta y la inmigración.
Parto de una consideración que considero necesaria: el Gobierno, y particularmente la parte del Ejecutivo vinculada al PSOE, no ha gestionado adecuadamente determinados aspectos de una crisis humanitaria compleja, condicionada también por movimientos y decisiones que forman parte del tablero de la geopolítica internacional.
Pero precisamente por conocer esa complejidad, resulta llamativo que el debate político vuelva a reducirse a determinadas palabras y conceptos utilizados como armas de confrontación. El lenguaje nunca es inocente. Términos como violaciones, inmigración o invasión generan emociones y construyen relatos políticos que pueden terminar desplazando la discusión sobre los problemas que afectan cotidianamente a la mayoría de la ciudadanía.
Y mientras el debate público se concentra en esas cuestiones, hay otra realidad que merece mucha más atención: la transformación de la vivienda en un activo financiero y especulativo.
Porque si hablamos de invasiones, quizá deberíamos preguntarnos también quién está expulsando a muchas personas de sus barrios y de sus hogares. Si hablamos de ocupación, deberíamos analizar qué está ocurriendo con unos alquileres que para cada vez más familias resultan inasumibles. Y si hablamos de libertad, deberíamos preguntarnos qué margen de libertad tiene una persona joven que trabaja y, sin embargo, no puede acceder a una vivienda.
En las últimas décadas se ha permitido que grandes fondos de inversión y sociedades inmobiliarias adquieran un peso creciente en el mercado residencial. Para quienes sufren sus consecuencias, el resultado puede traducirse en subidas de alquileres, pérdida de arraigo y dificultad para permanecer en los barrios donde han desarrollado su vida.
La vivienda no debería ser entendida únicamente como una mercancía. Es también el lugar donde las personas construyen su proyecto vital, forman sus familias y desarrollan sus relaciones sociales.
Por eso, quizá el verdadero debate que debería ocupar a la política no sea quién consigue convertir una determinada palabra en un arma electoral más eficaz, sino cómo garantizar que una persona que trabaja pueda acceder a una vivienda, que una familia no tenga que elegir entre pagar el alquiler o llegar a fin de mes y que nuestros jóvenes puedan emanciparse.
Ese debería ser, a mi juicio, uno de los grandes debates políticos de nuestro tiempo. Porque gobernar y hacer oposición también significa mirar de frente los problemas de la gente, aunque sean complejos, y tratar de ofrecer soluciones en lugar de convertirlos únicamente en argumentos de confrontación.
