Sostiene ufana la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, que la Comunidad figura como la tercera Autonomía mejor valorada en gestión del sistema de dependencia, además de otras lisonjas en materia de ayudas a la dependencia. Una calificación que se desprende del último informe del Observatorio de Dependencia elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de una escala de 20 indicadores.
Sin embargo, López pasa por alto otros paneles del mismo informe donde Andalucía no es precisamente ejemplo de nada, más bien lo contrario. Un territorio donde al término del pasado año 40.092 personas se encontraban en lista de espera para recibir una prestación, tan sólo por debajo de Cataluña (82.001) y un total de 338.932 beneficiarios.
Una Comunidad donde el periodo medio de gestión desde la solicitud hasta la resolución de prestación de dependencia son de 496 días, cuando la normativa fija un máximo de seis meses, tan sólo por debajo de Murcia (559) y más de cinco meses por encima de la media nacional. Una lista de espera en la que en su transcurso han fallecido 6.995 personas pendientes de resolución de grado y del Programa de Atención Individual (PIA) durante el pasado año.
Ya han pasado 20 años desde que en España se consagrase por ley el cuarto pilar del Estado de bienestar, la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, el despliegue de lo que entonces se consideró con razón un “hito histórico” sigue lastrado en Andalucía a pesar de “la apuesta sin precedentes del Gobierno de Juanma Moreno” en materia de dependencia, según la resuelta consejera. Una situación consecuencia del efecto de años de austeridad forzada, una procelosa burocracia -también del PSOE, sostienen ahora- que propician un desequilibrio territorial que vulnera la igualdad en el ejercicio de los derechos que establece la norma.
Una brecha territorial cada vez mayor que implica que personas que tienen reconocidos sus derechos legales no puedan ejercerlos según donde vivan. Una lamentable situación que penaliza especialmente a territorios como Andalucía y a las familias más vulnerables, que no tienen recursos para atender a sus dependientes en casa, ni pueden adelantar el dinero necesario para internarles en una residencia.
No se puede presumir de Estado de derecho si las leyes no se cumplen y quienes las incumplen son precisamente las Administraciones públicas, entes incapaces de garantizar la igualdad de acceso de sus ciudadanos a prestaciones a las que tienen legítimo derecho. Una cuestión urgente de dignidad y justicia social que puede generar frustración, desamparo y, en los casos más extremos, incluso hasta la muerte sin haber podido ejercer sus derechos reconocidos por ley.
