En la costa almeriense se da una situación tan absurda como vergonzosa. En el mismo entorno —Cabo de Gata, Pujaire y La Fabriquilla— la protección de los animales depende no de la ley, que debería ser igual para todos, sino del código postal al que pertenezcan. Mientras la parte de Almería capital cumple con la Ley 7/2023 y aplica el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), gestionando con responsabilidad las colonias felinas y respetando los derechos de los animales y de los ciudadanos que los cuidan, el lado que depende del Ayuntamiento de Níjar permanece en el más absoluto abandono. Ni rastro del CER, ni control, ni atención veterinaria, ni respeto por la ley.
Esta desigualdad territorial es el reflejo de una ineptitud institucional que roza la ilegalidad. ¿Cómo es posible que un mismo núcleo urbano tenga animales esterilizados, identificados y controlados en un lado de la calle, y en el otro —por simple negligencia municipal— sigan reproduciéndose sin control, enfermos y desatendidos?
El Ayuntamiento de Níjar incumple la legislación estatal y autonómica, y con ello no solo perjudica a los animales, sino que entorpece el trabajo de quienes sí cumplen, generando conflictos y frustración entre vecinos y voluntarios.
Felicitamos a los ayuntamientos que asumen su responsabilidad y aplican la ley 7/2023, porque demuestran que la empatía, la legalidad y la gestión eficaz pueden ir de la mano. Y denunciamos con la misma fuerza a quienes, como Níjar, siguen mirando hacia otro lado, actuando con una impunidad inadmisible mientras nadie les afea ni sanciona por ello.
Cumplir la ley no debería ser motivo de felicitación, pero en este país parece que aún lo es. Y lo que sí debería ser motivo de vergüenza —el incumplimiento, la dejadez y el desprecio hacia los animales— sigue saliendo gratis a ciertos Ayuntamientos, no asi a humildes personas que de su bolsillo pagan lo que debe pagar el ayuntamiento sin, por ello, dejar de pagar los debidos impuestos. La ciudadanía merece, como los animales, que se cumpla la ley.
