Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, los ayuntamientos tienen la obligación legal de desarrollar programas de gestión de colonias felinas mediante el método CER. Este método consiste en la captura (C), la esterilización (E) y el retorno (R) a sus colonias de origen de los gatos comunitarios (que es como llamamos a lo que siempre fueron gatos “callejeros”).
La finalidad es sencilla: controlar la población felina de forma ética, reducir conflictos vecinales, evitar el sufrimiento animal y mejorar la convivencia. Sin embargo, en Níjar seguimos exactamente donde estábamos antes de la ley: sin programa municipal CER, sin planificación pública, sin recursos y, lo más grave, sin voluntad política real para afrontar un problema que existe y que no desaparece por ignorarlo.
Mientras otros municipios avanzan, en Almería y en toda España, aquí continuamos dependiendo casi exclusivamente del trabajo voluntario de asociaciones y personas particulares que llevan años asumiendo responsabilidades que corresponden al ayuntamiento. Solo hay que ver la implicación en el tema del consistorio de Pechina, por poner un ejemplo, para poder imaginar todo lo que se podría hacer y no se está haciendo.
La situación resulta todavía más grave tras la reciente convocatoria de subvenciones del Gobierno central destinadas precisamente a apoyar la gestión de colonias felinas, cuyo plazo de solicitud termina en junio. Se trata de una ayuda que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ofrece todos los años a las entidades locales precisamente para ayudarlos en esta materia.
Pero el Ayuntamiento de Níjar jamás ha solicitado estas ayudas. ¿Por qué? Porque se niega a crear un registro de colonias y a implantar el programa CER al que le obliga la ley. Y este es un requisito indispensable para poder optar a las ayudas. Es decir: Níjar no solo incumple la ley, sino que además bloquea la llegada de fondos públicos que podrían beneficiar a todo el municipio.
Las consecuencias de esta dejadez las conocemos demasiado bien quienes trabajamos sobre el terreno. Colonias sin control reproductivo, camadas constantes, animales enfermos sin atención veterinaria, voluntarias actuando sin respaldo institucional y agotadas física, emocional y económicamente tras años cubriendo con su propio dinero lo que debería asumir la administración…
Por su parte, las entidades de protección animal no tienen competencias públicas ni capacidad sancionadora. No pueden registrar colonias por su cuenta ni aprobar programas municipales. Dependen de la colaboración institucional para poder trabajar dentro de la legalidad que la propia ley exige. Y esta colaboración en Níjar no existe.
No podemos seguir llegando tarde a todo lo relacionado con el bienestar animal. Nuestros representantes políticos no pueden seguir rechazando, por acción u omisión, herramientas y ayudas económicas que ya están disponibles para otros municipios.
Cuando una administración mira hacia otro lado mientras voluntarias y asociaciones sostienen solas el problema, la inacción también se convierte en una forma de maltrato y de abandono, no solo a los animales, sino también a la ciudadanía.
