Níjar se ha convertido en el epicentro de la indignación fiscal en la provincia de Almería. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular junto a Vox, ha aprobado una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que en las localidades turísticas del municipio, como San José, Las Negras o Agua Amarga, alcanza incrementos de hasta un 30 % respecto al año anterior.
Una subida de semejante magnitud no es un ajuste técnico ni una “actualización de valores”, como intenta vender el equipo de gobierno: es una auténtica bofetada económica a las familias nijareñas, a los pequeños empresarios y a quienes tienen una segunda vivienda en el municipio, muchos de los cuales ya soportan altos costes de mantenimiento y unas temporadas turísticas irregulares.
El discurso de la bajada de impuestos que se desmiente en la factura
Durante la campaña electoral, el PP de Níjar prometió “rebajar la presión fiscal” y “ayudar a las familias a salir adelante”. Apenas un año después, se consuma la contradicción: un aumento brutal del IBI que deja en evidencia que el discurso del ahorro se queda en los titulares, mientras los recibos se disparan en los buzones.
Por ejemplo, algunos los vecinos de San José denuncian que sus recibos han pasado de 420,00€ a más de 540,00€ anuales en algunos casos. En Las Negras y Agua Amarga, la subida ronda cifras similares, especialmente en viviendas con mayor valor catastral.
Esto representa una recaudación extra de varios millones de euros para el Ayuntamiento, que además ya contaba con un remanente de tesorería de más de 18 millones según los datos del propio consistorio.
Una decisión política municipal: no es una obligación legal ni culpa de Pedro Sánchez
Conviene recordarlo con claridad: el tipo del IBI no lo impone el Estado, sino que lo decide cada ayuntamiento. En este caso, el gobierno local del PP y Vox ha optado deliberadamente por aumentar la presión fiscal, mientras intenta justificarlo apelando a la “necesidad de mantener los servicios municipales”.
Pero esa explicación se tambalea cuando se observa que, lejos de recortar gastos o priorizar inversiones sociales, el consistorio ha incrementado el gasto corriente y ha aprobado subidas de sueldo en la estructura política y directiva.
Golpe al turismo y al pequeño propietario
Níjar es, con diferencia, el municipio más extenso de Almería y uno de los más dependientes del turismo de temporada. Subir un 30 % el IBI en localidades como San José o Las Negras no solo afecta a los residentes, sino también a cientos de autónomos, hosteleros y pequeños empresarios que mantienen la economía local.
El resultado previsible es que muchos trasladarán esos costes al precio de los alojamientos o servicios, lo que encarecerá el destino y reducirá su competitividad frente a otros puntos del litoral almeriense.
El PP repite patrón en la provincia
Pero el caso de Níjar no es una excepción: en la capital almeriense y en otros municipios gobernados por el PP se están repitiendo incrementos encubiertos del IBI, muchas veces maquillados como “revisiones técnicas” o “ajustes por actualización del catastro”.
La estrategia parece clara: subir primero y justificar después, mientras se mantiene un discurso público de contención fiscal.
La ciudadanía nijareña tiene derecho a saber por qué se sube el IBI un 30 % en un municipio con superávit millonario, en qué se gastará ese dinero y por qué no se ha optado por medidas más justas, como bonificaciones para viviendas habituales o para familias con bajos ingresos.
No se trata de negar la necesidad de recaudar: se trata de gestionar con sensatez y equidad. Subir el IBI a este nivel en plena crisis de precios y vivienda no es buena gestión; es una decisión política regresiva que carga sobre los vecinos el peso de una administración cada vez más costosa y menos eficiente.
Así, Níjar se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el PP predica la bajada de impuestos mientras aplica subidas desorbitadas. Un municipio que presume de superávit, pero exprime a sus vecinos con incrementos de hasta el 30 % en el IBI.
El problema ya no es solo económico, sino de credibilidad y confianza: ¿Cómo creer en un gobierno que promete aliviar la carga fiscal y termina golpeando a los bolsillos de quienes sostienen el municipio día a día?
