El Juzgado de los Social número 6 de Almería ha sentenciado que los doce trabajadores atropellados en Níjar el pasado 14 de diciembre, cuando denunciaban ante el patrón sus precarias condiciones laborales, estaban “sin contrato y sin alta en la Seguridad Social”. Una resolución, hecha publica por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), que refuerza la vía penal, afianza el presunto delito contra estos trabajadores, y resulta significativa por lo que se revela de determinados empresarios.
Los extranjeros en España ya representan el 14% (uno de cada siete) de toda la fuerza laboral de la economía regular del país, cuando hace apenas seis años, justo antes del covic, suponía el 11%. Una gran parte ocupada en las actividades laborales más precarias, como las que desarrollaban estos doce trabajadores en una nave agrícola, sometidos además a un alojamiento que suele ser precario, superpoblado y aislado de los núcleos poblacionales.
Labores que los nacidos en España no quieren desempeñar, con jornadas más largas, pagos insuficientes de manera habitual, y ausencia de derechos sociales. Migrantes que, en muchas ocasiones, huyen de sus respectivos países de origen sumidos en crisis políticas y económicas, además de sufrir insoportables cargas familiares que les urgen aceptar cuanto antes empleos precarios, menos cualificados y peor retribuidos en el hogar, agricultura, hostelería u otros sectores.
No obstante, todavía existen empresarios- por llamarlos de algún modo- que pretenden sostener su riqueza y lograr beneficios extraordinarios a costa del sufrimiento y la precariedad de estas personas, violando sistémicamente sus derechos según la legislación laboral. Un abuso patronal evidente hacia los migrantes que no es sólo una cuestión de derechos humanos, también de dignidad colectiva, justicia y futuro, precisamente de las personas que están contribuyendo con su esfuerzo al desarrollo y prosperidad del sector agrícola de esta tierra.
Sin embargo, por lo que se ve, esta aportación en demasiadas ocasiones queda empañada por determinados abusos laborales y ausencia de los derechos básicos más elementales por parte de ciertos individuos, en un sector donde los accidentes y lesiones son además frecuentes. Una situación que plantea un desafío ético y social de primera magnitud, del que la sociedad y los poderes públicos no pueden permanecer impasibles, mirando a otro lado, ante las condiciones de vida que viene sufriendo un colectivo invisibilizado pero no por ello con menos derechos sociales y laborales que los demás.
