La Ley de Protección Animal de 2023 colocó a las colonias felinas bajo la responsabilidad municipal. La norma establece, con toda claridad, que la gestión de los gatos comunitarios —aquellos que viven en la vía pública sin propietario conocido— es una obligación directa de los ayuntamientos, que deberán asumir un papel activo y no meramente asistencial.
El texto legal marca un cambio de modelo: se apuesta por una gestión ética basada en el método CER (Captura, Esterilización y Retorno), que excluye el sacrificio y obliga a las administraciones locales a organizar programas estables de control poblacional. Esto supone que los municipios deben censar sus colonias, autorizar a sus cuidadores y ofrecer atención veterinaria básica.
Además, el nuevo marco legal también endurece el régimen sancionador: el maltrato, abandono o eliminación de gatos comunitarios se considera una infracción grave o muy grave. En definitiva, la ley convierte a las colonias felinas en un asunto político de relevancia, obligando a los ayuntamientos a posicionarse y a diseñar políticas públicas estables. Lo que antes se resolvía de manera voluntarista o a través de colectivos sociales, ha pasado a ser -al menos sobre el papel- un compromiso institucional ineludible.
¿Cumplen la Ley los municipios de la provincia?
En la inmensa mayoría de los municipios almerienses la norma general es el incumplimiento de la Ley en todos sus términos. No obstante, algunos ayuntamientos, como Almería, Roquetas de Mar y El Ejido, desarrollan acciones y campañas puntuales, pero sin ningún programa serio y consolidado y sin los recursos necesarios. En todos ellos, el voluntariado continúa cubriendo buena parte del trabajo que es responsabilidad de la administración local.
En numerosos municipios la gestión es inexistente o claramente insuficiente: entre estos se encuentran Vera, Cuevas del Almanzora, Carboneras, Adra, Huércal de Almería, Huércal-Overa, Macael, Albox y Níjar, entre otros. En el caso de Níjar, cabe destacar que cuenta con una ordenanza municipal que contempla la gestión de colonias felinas a través del CER (que ha desaparecido por arte de magia de la web municipal), pero el pacto de gobierno del Partido Popular con VOX ha dejado esta norma en papel mojado. Ninguno de ellos cuenta con programas CER, no han realizado el preceptivo censo de colonias, no asignan ningún presupuesto específico y, de facto, delegan su responsabilidad de gestión en asociaciones y particulares a los que no se presta ningún apoyo o sólo un apoyo anecdótico.
Esta situación supone un incumplimiento directo de la Ley 7/2023 y genera conflictos vecinales, crecimiento descontrolado de las colonias y la sobrecarga del voluntariado.
¿La Diputación Provincial y la Junta de Andalucía tienen alguna responsabilidad?
A diferencia de los ayuntamientos, las diputaciones no tienen competencias propias en gestión de colonias felinas. Sin embargo, sí tienen competencias indirectas importante, que afectan de manera decisiva al funcionamiento de los programas CER en los municipios de la provincia. Concretamente, sus competencias se resumen en las siguientes materias: asistencia a los municipios (especialmente a los de menor capacidad); posible financiación; coordinación provincial; y supervisión indirecta y apoyo en el cumplimiento normativo.
En otras palabras, la Diputación de Almería no tiene obligación directa de gestionar colonias, aunque si tiene la obligación de ayudar a los municipios a gestionarlas. Además, la Diputación recibe financiación de los ingresos del Estado, por lo que podría destinar parte de estos fondos a programas de bienestar animal, en lugar de promover la tauromaquia. Sin embargo, la Diputación no ha establecido ninguna línea estable de apoyo a los municipios para la gestión de colonias felinas.
En lo que se refiere a la Junta, lo primero que hay que destacar es que la normativa autonómica está obsoleta, es generalista y no aborda de manera directa el modelo CER ni las obligaciones municipales actuales. Aun así, tanto la Ley estatal, como la normativa andaluza en materia de protección animal le atribuyen funciones de coordinación, supervisión, legislación y apoyo. Por tanto, la Junta de Andalucía tiene un papel esencial: marcar las reglas, supervisar su cumplimiento y apoyar técnica y económicamente a los municipios.
Sin embargo, como ocurre con la Diputación, el gobierno de Moreno Bonilla no ha establecido líneas de ayudas específicas para colonias felinas. La Junta no financia programas CER y deja a los ayuntamientos sin soporte económico, lo que se traduce en un cumplimiento irregular de las obligaciones legales y una gran carga sobre asociaciones y voluntariado. Así, cuando los ayuntamientos no actúan, la Junta puede considerarse corresponsable por falta de regulación, supervisión o apoyo adecuado. Y la paradoja es que si existe, en cambio, una previsión presupuestaria específica del año 2025 para financiar la Red de Municipios Taurinos de Andalucía (REMTA). No hay recursos para la protección y el bienestar animal, pero si los hay para financiar la crueldad contra los toros.
El Gobierno Progresista si otorga ayudas a los municipios
Aunque no es de su responsabilidad, el Gobierno de España desarrolla una campaña anual de ayuda a los municipios para la gestión de colonias felinas (CER), a través de la Dirección General de Derechos de los Animales (DGDA). Esta ayuda no es, ni mucho menos, simbólica ya que su importe ha rondado entre 1 y los 3 millones de euros cada año.
¿Qué propone Movimiento Sumar?
Para Movimiento Sumar la gestión de las colonias felinas es una cuestión política de importancia. La primera propuesta que hacemos es muy sencilla: los municipios deben asumir sus responsabilidades y deben cumplir la Ley. La Diputación, tal y como lo hace en otras materias, debe apoyar a los municipios (especialmente a los más pequeños) para garantizar una gestión eficaz de las colonias felinas en todo el territorio de nuestra provincia. Y la Junta de Andalucía no puede seguir siendo una administración ausente e irresponsable: es necesaria la promulgación de una nueva ley autonómica de protección y bienestar animal, debe supervisar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y debe establecer líneas de apoyo a los municipios con este fin.
