Por mucho que algunos insistan en envolver la tauromaquia con adornos de “tradición” y “patrimonio”, la realidad es nítida: las administraciones públicas siguen dedicando recursos —directos e indirectos— a sostener un espectáculo que, además de generar un rechazo social creciente, implica maltrato animal. En la provincia de Almería, ese apoyo se traduce en partidas y subvenciones concretas por parte de la Junta de Andalucía y de la Diputación Provincial, cuando esos recursos serían mucho más necesarios para servicios sociales, educación, sanidad o bienestar animal.
La Junta andaluza mantiene una política institucional de fomento de la tauromaquia que incluye convocatorias específicas de subvenciones a municipios adheridos a la Red de Municipios Taurinos, con ayudas por proyecto que pueden alcanzar los 2.500 euros. Esta línea no es menor: formaliza y normaliza el uso de fondos públicos para promocionar festejos y actividades taurinas.
Pero más allá de estas subvenciones puntuales, las cifras globales dibujan un escenario mucho más amplio. Diversas investigaciones periodísticas, a partir del análisis de contratos y adjudicaciones públicas, sitúan el gasto anual en promoción taurina en Andalucía por encima del millón de euros, incluyendo programas, retransmisiones y apoyos institucionales. Es decir, existe un sostén público estable y sostenido de la tauromaquia.
Nuestra Diputación Provincial tampoco ha escapado a esta lógica. Existen inversiones singulares documentadas, como la rehabilitación de la plaza de toros de Láujar, con un coste aproximado de 300.000 euros o la prevista para Huércal Overa de más de 800.000€. A ello se suman otras asignaciones a infraestructuras y programas de fomento taurino que, según estimaciones del movimiento animalista sitúan el gasto acumulado en la última década cerca del medio millón de euros. Son cifras relevantes para una institución provincial con recursos limitados y grandes necesidades sociales por atender.
Rechazo social a la tauromaquia
Frente a esta política institucional, la sociedad española ha mostrado un rechazo significativo a la consideración de la tauromaquia como “bien de interés cultural”. La ILP No Es Mi Cultura logró entregar más de 715.000 firmas (un numero importante de ellas recogidas en Almeria), muy por encima del mínimo exigido, reclamando la retirada de esa protección legal. Esta movilización debe leerse como un mandato ciudadano claro: amplios sectores de la población no quieren que sus impuestos respalden la violencia institucionalizada contra animales.
Desde una perspectiva ética y de izquierdas, resulta inadmisible seguir financiando la tauromaquia con dinero público por tres motivos principales. Primero, porque supone una inversión de prioridades en un territorio con necesidades urgentes en dependencia, vivienda, servicios sociales o protección animal. Segundo, porque la financiación pública no es neutra: legitima institucionalmente una práctica basada en el sufrimiento animal. Y tercero, porque evidencia un desfase entre la opinión pública y las decisiones políticas, ignorando una demanda social expresada de forma masiva.
Si realmente creemos en políticas públicas orientadas al bienestar y la justicia social, es imprescindible pasar del discurso a medidas concretas. Desde la izquierda proponemos suspender las subvenciones de promoción taurina y reconvertirlas en apoyo a cultura no violenta; frenar y reconvertir las inversiones en plazas de toros hacia usos sociales o culturales; crear partidas específicas de protección animal con los fondos que hoy se destinan a la tauromaquia; garantizar transparencia mediante la publicación anual del gasto público asociado; y abrir espacios de participación ciudadana para decidir qué se entiende por patrimonio cultural y cómo se asignan los recursos.
Sostener la tauromaquia con dinero público en pleno siglo XXI no es una cuestión de identidad cultural, sino una decisión política que prioriza una tradición violenta frente a la protección animal y las necesidades sociales. En Almería, las cifras —modestas de forma aislada, pero significativas en su acumulación— y la movilización ciudadana lo demuestran.
Una izquierda coherente debe exigir la retirada de subvenciones, la reconversión de infraestructuras y la reasignación de fondos hacia políticas de cuidado, justicia social y protección animal. Porque la ética pública no se defiende con palabras, sino con presupuestos y prioridades.
