El excesivo triunfalismo presente en los discursos políticos como el mostrado por el consejero andaluz Antonio Sanz, distorsionan frecuentemente la percepción pública de la realidad, sanitaria en este caso. Declaraciones que suelen destacar únicamente los logros y avances, erróneos en ocasiones, generando una narrativa optimista que impide conocer el estado real de la sanidad pública en esta tierra.
Proclama ufano el responsable de Sanidad, Presidencia y Emergencias que gracias a las medidas puestas en funcionamiento por el Gobierno andaluz para “fortalecer y blindar la sanidad pública en Andalucía”, por vez primera la Comunidad “ha superado la media nacional del gasto medio por habitante”: una inversión de 1.887 euros para 2026.
Ignoro la fuentes en las que bebe el sagaz consejero para semejante reflexión, mas en absoluto coinciden con las ofrecidas por organismos independientes como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Un estudio realizado a partir de los presupuestos aprobados o prorrogados por las diferentes comunidades autónomas para 2026 y de los datos de población facilitados por el INE.
Según la FADSP, el presupuesto por habitante y año fijado en Andalucía para 2026 asciende a 1.870,50 euros, muy lejos todavía de superar la media nacional, como sostiene Sanz, y anclados también entre los más bajos del país. En efecto, según la Federación la media nacional de gasto per cápita en Sanidad Pública asciende este año en España a 2.013,72 euros, 143 euros más que en Andalucía. Una diferencia aún mayor en comparación con comunidades como Asturias (2.506,71 euros), País Vasco (2.373,27), Extremadura (2. 288,44) y Navarra (2.275,20) con presupuestos más elevados. Unas diferencias excesivas que alcanzan cerca de 1.000 euros por habitante entre la Comunidad que más dedica y la que menos presupuesta.
Una variabilidad tan amplia que dificulta que se puedan proveer los mismos servicios sanitarios, en cantidad y/o en calidad, a la ciudadanía, lo que rompe con la necesaria equidad y cohesión entre las distintas comunidades autónomas, además de consolidar las habituales desigualdades interterritoriales. Unos presupuestos, en el caso de Andalucía, que se pueden considerar como un índice de la preocupación de su gobierno por el sistema sanitario, y por su interés en responder a los problemas de la Sanidad Pública que vienen sufriendo sus ciudadanos, sostiene la FADSP.
Sin embargo, la narrativa optimista de algunos miembros del gobierno andaluz, como el caso del consejero Sanz, se empeñan en seguir distorsionando la percepción pública de la realidad sanitaria en Andalucía. Un relato que, además de no corresponderse con la realidad, dificulta un análisis objetivo y transparente que tiene a los ciudadanos como rehenes del sistema.
