No falla. Cada vez que la derecha y la extrema derecha necesitan agitar el avispero del miedo para tapar su falta de gestión social, sacan a pasear el fantasma del control sobre los cuerpos de las mujeres. Esta vez le ha tocado a Níjar. Bajo el pretexto de una supuesta «seguridad pública» —esa palabra mágica que sirve para recortar derechos si quien los ejerce es pobre o migrante—, el Ayuntamiento pretende legislar sobre lo que una mujer puede o no puede ponerse para entrar en una administración.
El feminismo no es una excusa para el racismo
Resulta paradójico, por no decir hipócrita, que los mismos que recortan en políticas de igualdad y niegan la violencia machista, se erijan ahora en «libertadores» de las mujeres musulmanas. Seamos claros: no se defiende la libertad de las mujeres prohibiéndoles el acceso a la vida pública.
Sobre este atropello
Jésica Jiménez, responsable provincial de Feminismo y LGTBIq+, ha sido tajante:
«Desde el feminismo de clase e interseccional lo tenemos claro: la emancipación de las mujeres pasa por su capacidad de decidir sobre sus propios cuerpos, no por la tutela punitiva del Estado. Prohibir el burka o el niqab en el espacio público no libera a nadie; al contrario, segrega a nuestras vecinas, las estigmatiza y las empuja al aislamiento social. No permitiremos que usen nuestras luchas como coartada para desplegar su agenda racista y de odio.»
Un ataque frontal a la Constitución
Lo que está intentando el Ayuntamiento de Níjar no es solo una torpeza política, es un atropello jurídico. Nuestra Constitución es clara: la libertad religiosa y la libertad de expresión son derechos fundamentales, no sugerencias que un concejal pueda ignorar en una ordenanza municipal.
No se puede usar la seguridad como un cheque en blanco para pisotear la pluralidad. Un ayuntamiento no tiene competencias para enmendarle la plana a la Carta Magna ni para decidir quién es «suficientemente español» para hacer un trámite administrativo. Ya hemos visto este guion antes: otros municipios lo intentaron y el Tribunal Supremo les paró los pies porque, en un Estado de Derecho, la vestimenta no es una amenaza al orden público.
El control de acceso: ¿Seguridad o segregación?
Es especialmente preocupante el uso de controles de acceso en las puertas de los espacios municipales. Convertir la entrada al Ayuntamiento en un filtro de moralidad bajo la vigilancia de protección civil es un precedente peligroso. ¿A quién se le va a pedir que se identifique y a quién no? Sabemos bien lo que buscan: crear ciudadanos de primera y de segunda, haciendo que nuestras vecinas se sientan sospechosas por sistema en su propio municipio.
Conclusión: Ni un paso atrás en derechos
Desde el municipalismo transformador decimos Basta. Níjar no es un cortijo donde la derecha pueda experimentar con los derechos fundamentales. España es un país diverso, plural y laico, donde la convivencia se construye desde el respeto, no desde la prohibición.
Defender el derecho de una mujer a no ser expulsada del espacio público por su ropa es defender la democracia. Si hoy permitimos que prohíban una prenda, mañana tendrán vía libre para prohibir cualquier identidad que no encaje en su molde.
Por una Níjar diversa. Por unos derechos para todas.
