No hace tanto, los peones, temporeros, emigrantes, o exiliados éramos nosotros. Pero no lo recordamos, quizás porque hay un punto ciego en nuestra memoria colectiva. Por tanto, debemos sentirnos satisfechos cuando el Consejo de Ministros de este país ha acordado esta semana iniciar el procedimiento de tramitación de urgencia para la regulación extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes, la décima desde la primera de 1986. Un acto de justicia cuya necesidad venía haciéndose evidente desde hace años.
También, una propuesta humanitaria necesaria ante la situación de centenares de miles de inmigrantes que residen en España en situación irregular y que ha concitado el apoyo mayoritario de organizaciones empresariales, Conferencia Episcopal, sindicatos, y ONGs. Un consenso social tan amplio y trasversal como pocas veces ha sucedido en este país, lo que permitirá normalizar el estatus social de este colectivo, acceder a derechos fundamentales y favorecer su integración social y laboral, además de fortalecer la cohesión y la convivencia dentro de la sociedad española. De casi toda, salvo el PP, que ya ha anunciado que llevará a Europa su rechazo a esta regulación de inmigrantes aprobada por Real Decreto.
Una medida a la que podrán acogerse todas las personas que actualmente se encuentran en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo. Para ello deberán acreditar estar en nuestro país o ser solicitantes de protección internacional antes del pasado 31 de diciembre y que lleven aquí más de cinco meses. Otro de los requisitos será que la persona solicitante no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”. El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta finales del mes de junio.
Además de tratar de proteger por ley la dignidad y los derechos de miles de personas, la iniciativa tiene una variante claramente pragmática: la realidad es tozuda y la economía de este país, incluida la almeriense, sigue necesitando la inmigración para mantener su ritmo de crecimiento. La aportación humana y económico de la comunidad inmigrante en España es netamente positiva, haciendo a nuestra colectividad mejor por ello. Como sociedad y como Estado, reconocer legalmente esta contribución es, sencillamente, un deber.
