El Juzgado de lo Penal nº 1 de Córdoba ha condenado a un vecino de Peñarroya-Pueblonuevo por un delito continuado de maltrato animal. La sentencia, en respuesta a una denuncia en la que se personó la asociación Galgos del Sur como acusación particular representada por la abogada Dulce Aguilera, dicta una condena de 15 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales y para la tenencia de estos. Además, el acusado deberá hacerse cargo de las costas procesales, incluyendo las de la acusación particular.
Los hechos sucedieron el 24 de mayo de 2022, cuando agentes de la Guardia Civil acudieron, junto con una veterinaria del Colegio de Veterinarios de Córdoba, a una finca tras recibir una denuncia por el deplorable estado de salud de varios perros. En el lugar encontraron 11 animales, entre ellos tres adultos y ocho cachorros de raza mastín español, todos en condiciones extremas de desatención y sufrimiento. Uno de los cachorros estaba desplomado en el suelo, presentaba bradipnea y pérdida de conciencia, y tuvo que ser sometido a eutanasia tras ser diagnosticado de parvovirus avanzado.
El resto de los animales mostraban lesiones y enfermedades graves. Una de las hembras adultas tenía la oreja izquierda amputada de forma traumática, alopecia generalizada, sarna, leishmaniasis y un estado severo de desnutrición. Los demás cachorros, por su parte, padecían anemia, infecciones por mordeduras, abscesos, conjuntivitis, parásitos graves y distensión abdominal por parasitosis intestinal.
No era la primera vez que la persona condenada es acusada por maltratar animales. En diciembre de 2023, fue el Partido Animalista PACMA el que se hizo eco de otra denuncia vecinal en la que se señalaba al mismo vecino por mantener a cuatro mastines en condiciones extremas. Debido a la presión social, los animales fueron decomisados, falleciendo uno de ellos al llegar al veterinario.
Tanto Galgos del Sur como PACMA, que tuvo que prestar asesoramiento judicial para conseguir el decomiso de los cuatro mastines de la segunda denuncia, lamentan la laxitud del Código Penal, que «prácticamente impide» que los maltratadores condenados entren a prisión al no imponer penas superiores a los dos años.
