En las últimas semanas, el Ayuntamiento de Níjar cerró dos puntos de acceso al agua en el asentamiento de Atochares, el mayor poblado de chabolas de la provincia de Almería, con más de medio millar de habitantes, y únicamente ha dejado abierta la toma principal de suministro, precisamente la que está más alejada de las infraviviendas de este poblado.
Se da la circunstancia que esos dos puntos de suministro se abrieron en el año 2020 con una campaña de recaudación de fondos organizada por la entidad británica Ethical Consumer, defensora de un consumo responsable en el que se tengan en cuenta los derechos de trabajadores como, por ejemplo, los que trabajan en los invernaderos almerienses.
Según informa el diario Público, esta organización, junto a otras entidades españolas, envió el pasado mes de noviembre una carta al alcalde de Níjar, en la que se pedían explicaciones por el cierre de los dos puntos de agua, lo que obliga a sus habitantes a recorrer cerca de un kilómetro para abastecerse con garrafas en la única fuente que sigue abierta en los alrededores de un asentamiento de tan grandes dimensiones.
El Ayuntamiento de Níjar contestó Ethical Consumer que “no se ha cortado el suministro, aunque se ha hecho un cambio en la instalación por una pérdida de agua «incompatible» con una situación de sequía”.
La respuesta del Ayuntamiento no satisfizo a Ethical Consumer ni al resto de las organizaciones firmantes de la carta, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la Plataforma Derecho a Techo, el Sindicato de Obreros del Campo, las formaciones políticas Podemos y Adelante Andalucía, y varias entidades europeas, que enviaron un nuevo escrito al alcalde, José Francisco Garrido. En él reiteran que se han cortado dos de los tres puntos de suministro en Atochares, lo que está provocando largas colas para abastecerse en el único grifo que sigue funcionando, y exigen el restablecimiento inmediato de las fuentes selladas.
Jasmine Owens, de Ethical Consumer, ha declarado que las personas que recogen las frutas y verduras que comen en buena parte de Europa «merecen más de lo que reciben». «Es demasiado habitual que tengan viviendas insostenibles, reciban un sueldo mínimo y trabajen en condiciones peligrosas», se lamenta la portavoz de la entidad británica que defiende un consumo ético y responsable y acabar con el «ciclo abusivo» en el que se encuentran inmersos muchos trabajadores de los invernaderos almerienses.
«Vamos a seguir presionando a los supermercados para que asuman la responsabilidad que tienen en este ciclo, pero también es esencial que el Gobierno español y el Ayuntamiento de Níjar dejen de ignorar y hacer que sean peores las condiciones de esos trabajadores», advierte Owens.
El sector en el que trabajan los habitantes de los asentamientos produce al año más de 3,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas en cultivo bajo plástico sobre una extensión de unas 22.000 hectáreas, que genera unos ingresos que se aproximan a los 3.000 millones de euros y que, tan solo en el tajo de los invernaderos, proporciona empleo a más de 40.000 personas.
Mientras, el Ayuntamiento de Níjar ofrece a España y a toda Europa su cara más impresentable con muy poco respeto por los derechos humanos de las personas migrantes, es decir: esas que están haciendo ahora en la provincia de Almería lo que hace sólo algunas décadas hicieron decenas de miles de almerienses para poder sobrevivir. Con este tipo de comportamientos terminarán provocando un boicot europeo a los productos de nuestros invernaderos.
