La actividad cinegética en España ha dejado un saldo trágico en 2024, con 11 personas fallecidas y numerosos incidentes que han avivado el debate sobre la seguridad en los cotos de caza. Colectivos Contra la Caza ha recopilado durante el pasado año un total de 31 incidentes adicionales que incluyen heridos de diversa gravedad, animales abatidos de forma irregular y ataques de perros de caza, con Castilla-La Mancha y Andalucía como las regiones más afectadas. El informe recoge solo aquellos incidentes relacionados directamente con la actividad cinegética, excluyendo otros delitos o accidentes vinculados a armas de caza fuera del contexto de la caza deportiva.
Castilla-La Mancha se posiciona como la comunidad autónoma con más víctimas mortales en este ámbito, con 4 fallecidos y 3 heridos, seguida de cerca por Andalucía, donde se han registrado 3 muertes y 1 herido. En concreto, en la comunidad andaluza los fallecimientos por accidentes de caza se produjeron en Granada, Jaén y Córdoba, además de 1 herido. Otras comunidades como Asturias, Castilla y León y Extremadura también han reportado muertes relacionadas con la caza, reflejando la extensión del problema a lo largo del territorio nacional.
El informe destaca que, aunque las lesiones a personas ajenas a la caza han disminuido con respecto al año anterior, los ataques de perros de caza a ciudadanos han ido en aumento. Precisamente, uno de los puntos más preocupantes del informe es la ausencia de datos oficiales claros sobre accidentes mortales y heridos en actividades cinegéticas. La falta de transparencia por parte del Gobierno y la escasez de estudios específicos impiden conocer con exactitud la magnitud del problema, denuncia el Colectivo.
Entre las medidas que solicitan, resaltan un estudio y estadísticas de accidentes provocados por cazadores; considerar los accidentes de tráfico provocados por animales, durante y tras jornadas cinegéticas, como accidentes provocados por los cazadores y gestores de cotos; controles de alcoholemia y estupefacientes periódicos en los cotos de caza; exámenes psicotécnicos más restrictivos y periódicos; limitar la edad para cazar tanto a menores de edad como a mayores de 70 años; o la prohibición de la enseñanza de uso de armas de fuego a menores de edad.
