La Asociación Vecinal de San José y El Pozo de los Frailes y la Asociación Animalista Bichitos San José han formalizado una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de implantación del método CER y la ausencia de respuesta municipal a numerosos escritos registrados desde 2023. Bichitos San José denuncia que ha tenido que asumir con sus propios recursos más de 20.700 euros en gastos veterinarios para atender a los gatos comunitarios, una responsabilidad que la legislación atribuye a los ayuntamientos.
El escrito, fechado el 18 de noviembre de 2026 y firmado por las presidentas de ambas entidades, Carmen Fernández Peña y Carolina Revilla Damas, solicita la intervención del Defensor del Pueblo para investigar la actuación municipal, comprobar el cumplimiento de la legislación vigente y requerir al Ayuntamiento la implantación efectiva de un programa de gestión de colonias felinas.
Las asociaciones sostienen que, pese a la entrada en vigor de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, el Ayuntamiento no ha puesto en marcha un programa municipal efectivo que garantice la aplicación del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), la atención veterinaria, la identificación de los animales y el control sanitario de las colonias.
Aunque la denuncia se centra especialmente en las localidades de San José y El Pozo de los Frailes, las entidades recuerdan que las obligaciones municipales afectan a todo el término de Níjar.
Numerosos escritos registrados sin obtener respuesta
Uno de los aspectos más graves de la denuncia es la reiterada falta de respuesta administrativa. Según explican las asociaciones, durante 2026 han presentado conjuntamente seis escritos a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de Níjar, comunicando situaciones relacionadas con la protección animal y solicitando la intervención de los servicios municipales. A estas comunicaciones se añaden otros seis escritos presentados individualmente por Bichitos San José entre 2023 y 2026.
Las entidades denuncian que ninguno de estos escritos ha recibido respuesta, pese a tratarse de solicitudes formalmente registradas y relacionadas con competencias municipales.
Entre las situaciones comunicadas figuran la necesidad de implantar el método CER, la posible aparición de un episodio de panleucopenia felina, el hallazgo de animales abandonados, la destrucción de instalaciones destinadas a alimentar colonias y los riesgos para gatos comunitarios situados en solares sometidos a obras o vallados.
También se denunció el caso de una gata comunitaria que resultó herida por disparos de una carabina de aire comprimido y que finalmente falleció como consecuencia de las lesiones.
Las asociaciones trasladaron igualmente su preocupación por los atropellos de gatos en las localidades de San José y El Pozo de los Frailes, que relacionan con la velocidad excesiva de determinados vehículos y la ausencia de controles policiales suficientes.
Para ambas entidades, el silencio municipal resulta especialmente preocupante porque las comunicaciones no se limitaban a peticiones genéricas, sino que advertían de situaciones concretas que podían requerir actuaciones urgentes.
Más de 20.700 euros pagados por una asociación para la atención veterinaria de los gatos
La denuncia incorpora un dato especialmente significativo: desde 2023, Bichitos San José ha asumido con sus propios recursos importantes gastos derivados de la alimentación, esterilización y atención veterinaria de las colonias felinas.
La asociación cifra en 20.724,85 euros los gastos exclusivamente veterinarios acumulados desde 2023 hasta noviembre de 2026, una cantidad que asegura poder acreditar mediante las correspondientes facturas. Además de éstos, en una cuantía también muy importante aunque no se han determinado, están los gastos derivados de la alimentación de los gatos, los desplazamientos, el mantenimiento de instalaciones o el tiempo dedicado por las personas voluntarias.
La asociación sostiene que este esfuerzo económico evidencia que una entidad ciudadana sin ánimo de lucro está asumiendo, con donaciones y recursos propios, una parte de las necesidades de atención de los gatos comunitarios ante la falta de un programa municipal efectivo.
Para Bichitos San José, la cuestión no es únicamente económica. Se trata de que el Ayuntamiento asuma las responsabilidades que le atribuye la legislación, establezca un sistema organizado de gestión y garantice la continuidad de la atención a los animales.
Un curso para voluntarios que nunca llegó a celebrarse
Según el escrito presentado al Defensor del Pueblo, la única actuación municipal identificada por las asociaciones en esta materia fue la aprobación, en junio de 2026, de un decreto anunciando la organización de un curso de formación destinado a personas voluntarias que participarían en la aplicación del método CER. Sin embargo, las entidades denuncian que, cinco meses después, el curso no se había celebrado y tampoco se habían producido actuaciones posteriores que permitieran considerar iniciado un programa efectivo de gestión de colonias felinas.
Por este motivo, solicitan que el Defensor del Pueblo requiera al Ayuntamiento información sobre el decreto, su fecha y número, las personas convocadas y las razones por las que la actividad formativa no llegó a realizarse.
La formación y acreditación de personas cuidadoras constituye uno de los elementos fundamentales de los programas de gestión de colonias, ya que permite establecer pautas comunes de alimentación, limpieza, seguimiento sanitario y colaboración con los servicios veterinarios.
La Ley 7/2023 establece obligaciones concretas para los ayuntamientos
Las asociaciones fundamentan su reclamación en los artículos 38 y 39 de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.
El artículo 38 establece las bases para el control poblacional de los gatos comunitarios, incluyendo su identificación mediante microchip bajo la titularidad de la Administración local competente y su esterilización quirúrgica.
Por su parte, el artículo 39 atribuye a las entidades locales la responsabilidad de gestionar los gatos comunitarios y desarrollar programas de gestión de colonias felinas.
Entre las obligaciones contempladas se encuentran el censo y mapeo de las colonias, la esterilización mediante el método CER, la identificación de los animales, los programas sanitarios, la atención veterinaria, la formación de personas cuidadoras y la colaboración con entidades de protección animal.
A estas disposiciones se añade el Protocolo Marco de la Junta de Andalucía para la implantación de programas de gestión de colonias felinas, que establece criterios para desarrollar estas actuaciones en los municipios andaluces.
Las asociaciones consideran que el Ayuntamiento de Níjar no puede tratar estas actuaciones como iniciativas voluntarias o supeditadas exclusivamente a decisiones políticas, puesto que la legislación establece obligaciones concretas para las administraciones locales.
El silencio administrativo, otro de los motivos de la queja
La falta de respuesta a los escritos registrados constituye una segunda línea de denuncia independiente de la gestión de las colonias felinas. Las entidades recuerdan que el artículo 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en los procedimientos administrativos, con las particularidades y excepciones previstas legalmente.
Por ello, solicitan que el Defensor del Pueblo investigue las razones por las que el Ayuntamiento no ha contestado a sus comunicaciones y recuerde a la administración municipal sus obligaciones legales.
Las asociaciones consideran que la ausencia reiterada de respuestas dificulta la colaboración ciudadana, impide conocer las decisiones municipales y genera una situación de incertidumbre para quienes atienden diariamente a los animales.
Solicitan conocer cuántos gatos ha esterilizado el Ayuntamiento desde 2023
Entre las peticiones dirigidas al Defensor del Pueblo figura que requiera al Ayuntamiento de Níjar información detallada sobre las actuaciones desarrolladas desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023.
En particular, las entidades quieren conocer si existe un Programa Municipal de Gestión de Colonias Felinas, cuándo fue aprobado, qué presupuesto tiene asignado y qué medios humanos, materiales y veterinarios se destinan a su ejecución.
También solicitan información sobre el número de gatos capturados, esterilizados, identificados y retornados durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026.
Igualmente, reclaman conocer si existe un censo actualizado de las colonias felinas del municipio, qué medidas de atención sanitaria se han implantado y cómo se gestionan los avisos relacionados con animales enfermos, heridos o abandonados.
Otra de las cuestiones planteadas es la necesidad de establecer mecanismos estables de colaboración entre el Ayuntamiento, las asociaciones de protección animal y las personas voluntarias que cuidan las colonias.
Una situación que afecta al bienestar animal y a la convivencia
La ausencia de un programa organizado de gestión de colonias felinas puede tener consecuencias tanto para los animales como para la convivencia vecinal.
Sin censos actualizados resulta difícil conocer la población real de gatos comunitarios. Sin esterilizaciones continuadas, las colonias pueden seguir reproduciéndose sin control. Y sin protocolos sanitarios y veterinarios, se dificulta la detección de enfermedades y la atención a animales heridos.
La falta de coordinación también puede generar conflictos relacionados con la alimentación, la limpieza, la ubicación de colonias o las actuaciones urbanísticas en solares donde viven gatos comunitarios.
El método CER, aplicado de forma continuada y acompañado de medidas sanitarias y de seguimiento, constituye una herramienta fundamental para controlar progresivamente las poblaciones felinas, mejorar su bienestar y favorecer una convivencia adecuada.
La queja ya está en manos del Defensor del Pueblo
La Asociación Vecinal de San José y El Pozo de los Frailes y la Asociación Animalista Bichitos San José han formalizado la presentación de la queja ante el Defensor del Pueblo. El escrito fue recibido por la institución el 18 de noviembre de 2026, según acredita el correspondiente justificante de recepción.
Las dos entidades esperan ahora que el Defensor del Pueblo examine los hechos denunciados, solicite explicaciones al Ayuntamiento de Níjar y compruebe el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 7/2023.
La iniciativa supone un nuevo paso en las reivindicaciones de ambas asociaciones para conseguir que el municipio disponga, por fin, de un programa efectivo de gestión de colonias felinas y que la protección de estos animales deje de depender del esfuerzo económico y personal de las entidades ciudadanas.
La reclamación ya no es una advertencia: es una queja formal presentada ante una institución que tiene entre sus funciones supervisar la actuación de las administraciones públicas.







