Movimiento Sumar Andalucía rechaza la creación de un centro de deportación de migrantes en Ruanda y exige al Gobierno que recurra el reglamento europeo

Esperanza Gómez, co-coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía
Sociedad
La formación considera que la externalización de las políticas migratorias supone una amenaza para los derechos humanos y reclama que España lleve el Reglamento de Retorno ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Advierte de que trasladar a personas migrantes a miles de kilómetros, sin garantías suficientes de supervisión, no soluciona el problema y únicamente lo aleja de la mirada europea.

Movimiento Sumar Andalucía ha expresado su rechazo al anuncio realizado el pasado lunes en Viena por Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria para abrir en 2027 el primer centro de deportación de migrantes fuera de la Unión Europea, concretamente en Ruanda. La formación andaluza considera que este proyecto representa un paso más en la externalización de las políticas migratorias europeas y reclama al Gobierno de España que no se limite a haber votado en contra del Reglamento de Retorno que permite este tipo de instalaciones, sino que estudie y presente un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Reglamento de Retorno fue aprobado por el Parlamento Europeo el pasado 17 de junio, con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. España se opuso a la norma y el Ministerio del Interior manifestó entonces sus «serias dudas» sobre la legalidad y la proporcionalidad de la creación de centros de deportación en terceros países.

La preocupación por las garantías de los derechos humanos

Movimiento Sumar Andalucía advierte de los riesgos que supone trasladar a personas migrantes a países situados a miles de kilómetros de Europa, especialmente cuando no existen mecanismos suficientes de supervisión y protección de sus derechos.

La formación recuerda las advertencias de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que el pasado mes de septiembre alertó de que los centros previstos en Ruanda y Uganda podrían convertirse en auténticos agujeros negros para los derechos humanos, teniendo en cuenta el historial de ambos países.

También señala las críticas formuladas por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, quien advirtió de que el reglamento no contempla mecanismos adecuados de supervisión de los derechos humanos en estas instalaciones.

Esperanza Gómez, cocoordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, ha subrayado la especial responsabilidad de la comunidad autónoma ante este tipo de decisiones: «Andalucía es la frontera sur de Europa y sabe mejor que nadie lo que cuestan las políticas que miran hacia otro lado. Trasladar a personas a miles de kilómetros, sin garantías reales de supervisión, no resuelve nada: solo aparta el problema de nuestra vista».

Los precedentes británico e italiano

La organización también pone el foco en las dificultades jurídicas que han encontrado iniciativas similares en otros países europeos. La justicia británica paralizó el modelo de deportación a Ruanda impulsado por el Reino Unido, mientras que los tribunales italianos han obstaculizado el funcionamiento del centro de retorno proyectado en Albania.

Estos antecedentes, recogidos también en el análisis del CIDOB sobre el reglamento europeo, refuerzan, a juicio de Movimiento Sumar Andalucía, la necesidad de cuestionar jurídicamente una política que puede entrar en conflicto con las garantías fundamentales y las obligaciones internacionales de protección.

Una propuesta incorporada al programa del Frente Amplio

El rechazo a los centros de retorno en terceros países forma parte del programa electoral del Frente Amplio, candidatura en la que se integra Movimiento Sumar Andalucía. Entre sus compromisos figura impulsar un recurso de anulación contra el Reglamento de Retornos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, pidió el martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve ante la justicia europea el acuerdo alcanzado por los cinco países.

Por su parte, Raúl García Cobos, cocoordinador de Movimiento Sumar Andalucía, ha insistido en que España debe dar un paso más allá de su voto contrario a la normativa: «Pedimos al Gobierno que no se quede en el voto en contra: que lleve el Reglamento de Retorno ante la justicia europea y defienda vías legales y seguras. Europa no se defiende externalizando derechos».

El debate sobre el centro de deportación en Ruanda vuelve a situar en primer plano el modelo migratorio que quiere impulsar la Unión Europea. Frente a las políticas que trasladan fuera de sus fronteras la responsabilidad sobre las personas migrantes, Movimiento Sumar Andalucía reclama vías legales y seguras, garantías jurídicas y mecanismos efectivos de protección de los derechos humanos.



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