El plan de la empresa de los herederos de Doña Pakyta, Torres y González Díaz SL, para restaurar el antiguo cortijo de Las Chiqueras y construir en él un hotel de lujo con 30 habitaciones y 70 plazas de aparcamiento se está encontrando con un amplio rechazo social que cada vez tiene más similitud con el que se generó contra la construcción de El Algarrobico.
En esta playa, que es una de las emblemáticas del Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, hay limitaciones de acceso en los meses de verano. Según las organizaciones ecologistas, este nuevo hotel podría llegar a incrementar la circulación de vehículos en la zona cerca de un 30%.
Además, según denuncia la Asociación Vecinal de San José y El Pozo de los Frailes, los usuarios del hotel tendrían un medio privilegiado para acceder a la playa, ya que ellos no pasarían por los controles y no se les podría impedir el acceso con sus vehículos a la playa, que está a unos 900 metros del lugar en el que se quiere construir el hotel.
De otra parte, tanto las organizaciones ecologistas, como las asociaciones vecinales de los pueblos del Cabo de Gata, agrupados en torno a la Plataforma Ciudadana “Genoveses sin Hotel”, temen que la puesta en marcha de este hotel abra un melón que permita la construcción de nuevos hoteles sobre las numerosas ruinas de cortijos que existen distribuidas por todo el Parque Natural.
Sin duda, se prepara una larga batalla judicial
Las normas que protegen el Parque Natural, según explica Manolo Pérez Sola, almeriense y coportavoz del partido Verdes-Equo en Andalucía, «establecen que la zona donde quiere construirse el hotel es una que solo permite las actividades tradicionales agroganaderas». «Sin embargo —añade— una norma aprobada por el parlamento andaluz poco después de la Pandemia, contempla la posibilidad de flexibilizar las medidas protectoras en espacios naturales si hay utilidad pública o interés social; que deben justificar en última instancia los ayuntamientos, (en este caso el de Níjar) para poder autorizar el cambio de uso de suelo».
Pero, agrega Pérez Sola: «Los juristas consultados creen que no hay razones de peso para justificar que un hotel de cuatro estrellas que dará trabajo a ocho o diez personas algunos meses al año, tenga interés social y utilidad pública alguna y por eso confía en que la Justicia lo paralice».
