La aplicación de la Ley andaluza de Memoria Democrática vuelve a situarse en el centro del debate político tras las denuncias realizadas por la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD), que acusa al Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno de mantener una situación de “paralización administrativa” en el desarrollo de las políticas memorialistas de la comunidad autónoma.
Según la organización, la Consejería de Cultura y Deporte estaría incumpliendo compromisos adquiridos en el seno del Consejo de la Memoria Democrática para agilizar la tramitación de expedientes relacionados con la declaración de Lugares y Senderos de Memoria Democrática, una figura destinada a proteger espacios vinculados a la represión franquista y a la lucha por las libertades democráticas. La federación sostiene que decenas de expedientes permanecen pendientes de resolución desde hace años.
Las asociaciones memorialistas consideran que esta situación supone un incumplimiento de los objetivos previstos en la normativa andaluza, aprobada en 2017 para garantizar la localización e identificación de víctimas, la protección de espacios de memoria y la difusión de los valores democráticos. Diversas entidades vienen denunciando desde hace tiempo una falta de desarrollo efectivo de la ley, así como retrasos en actuaciones relacionadas con exhumaciones, identificación genética de restos y reconocimiento institucional de las víctimas del franquismo.
La controversia adquiere especial relevancia en el contexto político actual, marcado por la necesidad del Partido Popular de alcanzar acuerdos parlamentarios con Vox para garantizar la gobernabilidad de Andalucía tras las recientes elecciones autonómicas. Vox ha defendido históricamente la derogación de las leyes de memoria histórica y democrática, planteando su sustitución por normas de “concordia”, una posición que ya formó parte de acuerdos políticos alcanzados en etapas anteriores.
Desde los colectivos memorialistas existe preocupación por el futuro de estas políticas públicas ante la posibilidad de que las negociaciones entre PP y Vox puedan afectar al desarrollo de la legislación vigente. Las organizaciones consideran que la preservación de la memoria democrática constituye una obligación institucional vinculada a los derechos de las víctimas y a la reparación de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Por el momento, la Ley de Memoria Democrática continúa vigente en Andalucía. Sin embargo, las asociaciones reclaman una mayor implicación de la administración autonómica para garantizar el cumplimiento efectivo de sus disposiciones y evitar que la falta de ejecución termine convirtiéndose, en la práctica, en una paralización de las políticas de memoria democrática en la comunidad autónoma.
En la placa de la foto se puede leer:
«Este orificio en la roca fue ocasionado
por uno de los obuses lanzados desde
los cruceros franquistas que
bombardearon este lugar entre los días
5 y 7 de febrero de 1937.
Sirva esta placa de homenaje a las
miles de personas que tuvieron que huir
de las tropas golpistas en dirección a
Almería y de manera especial a las que
perdieron la vida en esta carretera.
En La Cala del Moral a 6 de febrero de 2016″
