Casi 1,5 millones de empleados públicos en toda España (profesores, policías, inspectores de Hacienda y Trabajo, funcionarios de prisiones… tanto en activo como jubilados) no saben a qué médicos podrán acudir dentro de dos meses, incluidos los 320.000 funcionarios de Andalucía que reciben atención sanitaria a través de Muface. Tras quedar desierto el concurso para 2025 por la retirada de las aseguradoras SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV, y si la situación no se reconduce, todos estos funcionarios y sus beneficiarios deberán ir a la sanidad pública en España.
Así lo han confirmado esta semana las propias compañías aseguradoras, que consideran insuficiente la propuesta económica para la prestación de sus servicios sanitarios a los funcionarios.
Según los datos publicados en la Memoria de Muface, esta cobertura, en caso de desaparición, afectaría a unos 320.000 funcionarios en Andalucía, además de los correspondientes beneficiarios de cada uno de ellos. Un total de empleados públicos en la comunidad andaluza que tienen contratadas sus coberturas sanitarias con Adeslas y Asisa, la mayoría, -unos 218.000 afiliados- seguida a gran distancia por DKV (44.000) e I.N.S.S. (54.000). Por provincias, afectaría a unos 23.000 afiliados en Almería; Cádiz (43.000); Córdoba (32.000); Granada (45.000); Huelva (16.000); Jaén (24.000); Málaga (59.000); y Sevilla (74.000).
Nuevas condiciones
El Gobierno dio luz verde al convenio de la mutualidad el pasado mes de octubre, con nuevas condiciones que contemplan un incremento del 17,12% de las primas y una duración de dos años. Así, la cuantía total de la contratación asciende a 1.337.059.970 euros en 2025 y 1.344.553.098 euros en 2026. En total, 303,9 millones euros más respecto al último año de vigencia del convenio anterior. Unas cifras que no han sido suficientes para que las compañías continúen prestando sus servicios dentro de la mutualidad. «Las pérdidas en caso de renovar ascenderían a 77 millones de euros en los próximos dos años, casi lo mismo que en los tres años del concierto anterior», ha explicado la aseguradora DKV.
No obstante, el Gobierno está intentando maniobrar para salvar el concierto. Primero va a aprobar una nueva licitación exprés, con una mejora económica, para tratar de convencer a las aseguradoras privadas para que se presenten. Si la primera idea de endulzar la licitación no funciona, el Ministerio de Función Pública utilizará otras fórmulas. La ley de Contratos del Sector Público prevé que el órgano de contratación puede acordar la prolongación del contrato que será “obligatoria para el empresario” dentro de unos plazos y siempre que las características del contrato “permanezcan inalterables”.
Esta prórroga forzosa permitiría al Ejecutivo obligar a las tres aseguradoras que han participado en el convenio 2021-2024 a seguir prestando los servicios sanitarios durante un plazo de hasta nueve meses. Y sin cobrar nada a cambio. “Sería un golpe durísimo para nuestra cuenta de resultados, inasumible”, explican.
