Patricia Ramírez, la madre del niño asesinado en Níjar hace ya 6 años, ha tenido una relevante participación en la Comisión de Interior y Justicia del Senado, aprobada por todos los grupos parlamentarios, en la que pidió a los senadores un Pacto de Estado para proteger a las víctimas de delitos especialmente violentos.
Patricia fue muy clara y didáctica en su intervención: «Del mismo modo que se hizo con el pacto contra la violencia de género en 2017, lo pido para las víctimas de violencia como asesinatos, agresiones sexuales, pederastia, etcétera. Ninguna víctima merece que le sigan haciendo daño. No somos actores, la muerte de Gabriel no es un espectáculo», afirmó durante un emotivo discurso que duró más de una hora.
La madre de Gabriel denunció diversas irregularidades en la prisión de Ávila donde cumple condena la asesina de su hijo. La condenada habría podido hacer grabaciones con su versión de los hechos para elaborar una nueva pieza documental que una productora querría vender a Netflix.
También denunció la «incapacidad» de la institución penitenciaria para «informar, controlar y evitar» que los condenados puedan lesionar gravemente a las víctimas mediante este tipo de actividades. De hecho, el régimen penitenciario de la asesina de Gabriel, Ana Julia Quezada, no permite conversaciones con periodistas salvo permiso previo.
Ramírez anunció durante su comparecencia en sede parlamentaria la interposición de una querella contra la asesina de su hijo y la institución penitenciaria y una denuncia contra la Guardia Civil, por otras «graves irregularidades» en la cárcel de Ávila.
Son necesarios cambios legales para proteger más a las víctimas
Ramírez denunció que, mientras que la publicación de una imagen sin consentimiento en las redes sociales puede considerarse un delito contra la intimidad, pero sin embargo no se contempla así el hecho de ficcionar o recrear el asesinato violento de un niño.
Según afirmó, este tipo de situaciones -que duran ya seis años- han provocado en ella y su familia una “victimización secundaria constante”, que les impide avanzar y recuperarse. De hecho, su carrera como profesora de educación física está paralizada a causa de la incapacidad que le provoca todo lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo.
En esta argumentación basa la madre de Gabriel su petición a los parlamentarios para acordar un pacto que favorezca que su familia, así como las familias de otras víctimas no tengan que revivir lo ocurrido: «Un pacto contra la violencia y la revictimización de las víctimas en cualquiera de sus manifestaciones: física, verbal y mediática”.
