La información que publicamos está basada en un reportaje publicado por el digital El Salto, que hemos resumido mucho, procurando no alterar su esencia. La provincia de Almería tiene 33.000 hectáreas de invernaderos. Se calcula que más de un tercio de sus trabajadores son migrantes atraídos por la facilidad de emplearse, aunque tengan que soportar bajos salarios, precariedad laboral y vivir en chabolas.
Atochares, en Níjar, es el mayor poblado de infraviviendas de Almería. Está habitado por unos 800 migrantes que trabajan en los invernaderos. Están sin agua desde hace semanas, porque los grifos del asentamiento están rotos. Cada día, después de trabajar y a pesar del calor se ven obligados a caminar kilómetros hasta un grifo en funcionamiento. otro grifo porque los del asentamiento están rotos”, lamenta.
Las paredes de las chabolas están adornadas con telas, colocadas también para amortiguar levemente el asfixiante calor. Cuando no hay trabajo, hay poco que hacer, los jóvenes escuchan las canciones de rap a través de un altavoz inalámbrico y juegan con los videojuegos de sus móviles. Estos jóvenes se encuentran en extrema vulnerabilidad quedando expuestos a extorsiones por parte de redes de trata de personas. El uso de sustancias para evadirse de los problemas es común entre los más jóvenes en los asentamientos. En San Isidro, por ejemplo, hay tiendas que venden Norlatex, un pegamento utilizado por chicos en situación de calle en Marruecos como droga extremadamente barata.
La relativa normalización de estos asentamientos, después de muchos años de que selevantara la primera chabola, se nota en algunas infraviviendas, que ya cuentan con muros de ladrillo. También en la existencia de algunas “tiendas” que los propios habitantes han abierto.
El último informe de Almería Acoge cifra en 44 los asentamientos de trabajadores agrícolas solo en la zona de Níjar. Atochares es uno de los más grandes y por eso cuenta con pequeñas tiendas, un aula al aire libre donde el Servicio Jesuita a Migrantes da clases de español, grifos instalados entre la población y oenegés, y hasta un club nocturno. No es la realidad de la mayoría de asentamientos, que son mucho más pequeños e incomunicados y por eso ha surgido la figura de las furgonetas-tienda que durante las últimas horas de la tarde, cuando termina la jornada de trabajo en los invernaderos, recorren cargadas de enseres los poblados para vender productos básicos a los trabajadores.
Para estos migrantes la vida es muy dura, sólo da para trabajar y enviar dinero a su país de origen, pero no para poder traer a su familia, al menos hasta que consiguen abandonar el chabolismo, un ambiente nada apropiado para los menores.
Paradójicamente, es fácil ver el mar de plásticos que forman los invernaderos almerienses desde el espacio, pero es muy difícil ver de cerca el interior del microcosmos que forman estos asentamientos. Las empresas propietarias de más hectáreas de cultivo tienen políticas de no colaboración con la prensa desde hace años, aunque esta animadversión se puede comprobar en casi cualquier rincón de la zona.
Desahucios y expulsiones
A pocos kilómetros del invernadero de tomates de Abde están los restos de El Walili, un asentamiento de trabajadores del campo que fue desalojado en 2021 por orden del Ayuntamiento entonces socialista de Níjar. Unas excavadoras, apoyadas por medio centenar de agentes de la Guardia Civil y un helicóptero desalojaron y destruyeron el campamento, que hoy es un terreno baldío lleno aún de restos que recuerdan que allí vivían casi 500 personas.
Aunque el pretexto para el desahuciar y expulsar a esta comunidad de jornaleros fuera el de garantizar la seguridad de sus habitantes, las pocas viviendas construidas para el realojo –como las situadas en Los Grillos– no llegan a cubrir las necesidades de todas las personas que aquel día perdieron su casa, ni las miles que aún viven en chabolas.
De nada sirvieron las protestas, cortes de carretera y concentraciones por parte de organizaciones sociales de la zona como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Actualmente solo el 26,9% de los trabajadores del campo en Níjar está empadronado y prácticamente la totalidad de los entrevistados por Almería Acoge confiesan que lo consiguieron de forma irregular, pagando, debido a las dificultades para conseguir una vivienda. La situación documental es otro impedimento para dejar los asentamientos ya que el 76% de los hombres que viven en ellos están en situación administrativa irregular, no tienen papeles, una tasa que empeora en el caso de las mujeres llegando al 86,8%.
No había muchas diferencias entre el asentamiento de Atochares y el de El Walili, salvo que este último se encontraba a la vista de los turistas que van a las playas del Parque Natural de Cabo de Gata. En la misma carretera que conecta el poblado de Atochares con los restos de El Walili, una pintada en la pared de un almacén recuerda a los conductores la situación de injusticia que se vive en la zona: “Asentamientos = terrorismo patronal”.
