“Prohibir a los niños ir a los toros es como prohibirles ir al museo”. Con estas palabras, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), defiende el derecho de los menores a asistir a espectáculos taurinos. Para su Gobierno, no sólo se trata de una cuestión de libertad individual, sino también de una necesidad cultural: considera que la presencia de menores en las plazas es «fundamental» para preservar el «acervo cultural» de Andalucía.
La Junta sostiene que la tauromaquia no sólo no perjudica a los niños, sino que puede inculcarles una «conciencia ecológica y de empatía con el entorno animal». Según un informe oficial del secretario general de Interior de la Consejería de la Presidencia, David Gil (PP), estos espectáculos derivarían en una «actitud contraria a la violencia y de admiración hacia los propios animales».
Políticas y prácticas que el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) lleva tiempo denunciando, para que se cumplan los compromisos internacionales en defensa de la infancia y de los animales. Es urgente poner fin a las subvenciones a espectáculos crueles y garantizar una educación que fomente el respeto, la empatía y la no violencia, sostienen desde la asociación.
La contradicción es flagrante. La ONU, a través del Comité de los Derechos del Niño, lleva desde 2018 advirtiendo que la exposición infantil a espectáculos de violencia animal puede afectar gravemente al desarrollo emocional y ético de los menores. Pese a ello, el Ejecutivo andaluz rechaza estas recomendaciones, amparándose en el «derecho preferente» de los padres a escoger la educación de sus hijos y en la necesidad de proteger lo que denomina «distintas formas de expresión artística».
Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, lanza una crítica firme: «Es escandaloso que se utilicen argumentos como la empatía o la educación para justificar la exposición de menores a la violencia extrema. No se aprende a amar a los animales viéndolos sufrir hasta la muerte».
